Miguel Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’, ha sido finalmente detenido. La tarde del lunes, fue capturado por autoridades migratorias en el aeropuerto de Venezuela cuando intentaba abordar un vuelo hacia Colombia. El rostro del presunto asesino de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, vuelve al foco público, no solo por su captura internacional, sino por las irregularidades que meses atrás facilitaron su liberación en territorio peruano, pese a las evidencias en su contra.
El 16 de diciembre de 2023, agentes del Departamento de Apoyo Judicial de la comisaría de Casma detuvieron a Rodríguez Díaz junto a cinco personas —entre ellas, dos menores de edad— cuando se desplazaba en caravana con tres camionetas en el asentamiento humano Luis Prado, en Áncash. En el vehículo que conducía Cuchillo, los efectivos hallaron un revólver calibre 38 con cinco municiones y, en otro de los autos, una granada de guerra.
La escena parecía el inicio de una investigación sólida por tenencia ilegal de armas y posibles vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, en menos de 48 horas, todo se desmoronó. La Fiscalía dispuso la liberación de Rodríguez Díaz, alegando que el arma hallada había sido manipulada y le faltaba la aguja del percutor, lo que la volvía inoperativa. La granada, también, apareció sin capacidad de uso, y los peritos no pudieron demostrar la tenencia directa de los implicados.
La adolescente que acompañaba a ‘Cuchillo’ aseguró que ella había encontrado el revólver en la calle. El fiscal Edwin Ramos Herrera no halló suficientes elementos de convicción para solicitar prisión preventiva. Rodríguez fue puesto en libertad. Y desapareció.
El caso tomó un giro mediático cuando, meses después, el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores mineros dentro de un socavón en Pataz remeció al país. El crimen, perpetrado con saña, generó condena nacional y presiones políticas. La presidenta Dina Boluarte declaró el 5 de mayo que ‘Cuchillo’ había sido liberado por culpa del Ministerio Público, deslindando responsabilidades de la Policía Nacional.
No obstante, el diario La República reveló que fue la propia Policía Nacional la que cometió una cadena de irregularidades durante la detención de diciembre. La Inspectoría General de la PNP abrió una investigación contra 10 agentes —entre ellos, el alférez Cosme Sotomayor Sánchez y 9 suboficiales— por “graves faltas” que favorecieron al principal sospechoso, según indica el diario-
Entre las anomalías se encuentra la posible manipulación de las pruebas (el revólver llegó sin percutor) y versiones incongruentes en los informes policiales. La cadena de custodia fue vulnerada y se sospecha que los agentes actuaron deliberadamente para beneficiar al detenido. La versión presidencial ocultó estos hechos, según revela el periódico.
Se espera que Cuchillo, en las próximas horas, sea repatriado al Perú para que responda por los delitos que se le imputan: homicidio calificado, crimen organizado, tenencia ilegal de armas y otros posibles cargos.
El Ministerio Público y el Ministerio del Interior aún no han emitido un pronunciamiento conjunto, pero fuentes policiales señalan que Cuchillo habría liderado una organización criminal dedicada a la minería ilegal, extorsión y control de socavones.
