Por Rafael Zacnich Nonalaya

Gerente de Estudios Económicos de ComexPerú

A todos nos debe quedar claro que existe un descontento social generalizado sobre la ausencia del Estado, la ausencia de servicios públicos mínimos y de calidad con los que deberíamos poder acceder en todos los departamentos de nuestro país: salud, educación, infraestructura, agua y saneamiento, por ejemplo.

Un descontento que no data de hace unos meses, sino de muchos años atrás; más aún cuando las cifras macro dan cuenta de una economía peruana que creció por veintiún años ininterrumpidamente, hasta antes de la pandemia; de un país cuya pobreza monetaria se redujo de 58.7% en 2004 a 20.2% en 2019; pero, que, sin embargo, mantiene una pobreza multidimensional en casi 40%, es decir, que 2 de cada 5 peruanos carecerían de servicios básicos que garantizan una calidad de vida mínima.

Dicho descontento viene siendo utilizado por personas con ideologías desfasadas que fracasaron en múltiples ocasiones cuando fueron Gobierno, independientemente del país donde hayan tenido el poder. Sostienen a rajatabla, que una nueva Constitución le daría a la población acceso a mejores servicios, cuando esto no depende directamente de la Ley, sino de las autoridades encargadas de convertir los recursos en desarrollo y bienestar para todos.

Por ejemplo, en Puno, solo en 2022, el gobierno regional y las municipalidades dejaron de ejecutar S/ 543 millones, monto más que suficiente para cubrir la brecha de establecimientos del primer nivel de atención del departamento, que en 2021 ascendió a 40, según datos del Ministerio de Salud (Minsa).

En Cusco, en 2022, el gobierno regional y las municipalidades dejaron de ejecutar S/ 515 millones, monto que cubriría toda la brecha de infraestructura en salud del departamento, la cual asciende a la construcción de 53 establecimientos del primer nivel de atención y de 4 hospitales más, según el Minsa.

En Arequipa, en 2022, el gobierno regional y las municipalidades dejaron de ejecutar S/ 1,456 millones, monto con el que se cubriría el 76% de la brecha de infraestructura en saneamiento del departamento, según información del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Y, en Ica, en 2022, el gobierno regional y municipalidades dejaron de ejecutar S/ 874 millones, monto suficiente para cubrir el 56% del presupuesto necesario para cerrar la brecha de infraestructura en saneamiento del departamento, la cual asciende a S/ 1,567 millones, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Una nueva Constitución no resolverá las urgencias de la población de la noche a la mañana; sino por el contrario abriría el espacio para, por ejemplo, petardear una de las bases del crecimiento y la generación de recursos, como lo es el capítulo económico de la Constitución, volviendo al Estado empresario y desincentivando la inversión en nuestro país.

Culminada la crisis de gobernabilidad y tras una recomposición del aparato público, con la vuelta de funcionarios técnicos en carteras claves, las expectativas de mejora de nuestra economía en el mediano plazo se ponían de manifiesto hacia las últimas semanas del año pasado. Sin embargo, la violencia detrás de las protestas sociales, que busca, entre otras cosas, una nueva Constitución: bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos, secuestros de personas e incluso de efectivos policiales, atentados contra la propiedad privada y la vida misma, saqueos, entre otros, reprimen la confianza empresarial, las decisiones de inversión y generación de empleo; es decir, no hacen más que paralizar la economía.