En un esfuerzo conjunto por erradicar la minería ilegal en la sierra de La Libertad, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de su División contra la Minería Ilegal y Protección Ambiental, logró un exitoso operativo de interdicción en diversas zonas de la región.
La acción, realizada en colaboración con la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, liderada por la fiscal provincial (T) Lastenia Acuña Raza, así como con la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, marca un avance significativo en la lucha contra esta actividad ilícita que ha causado un grave impacto ambiental y social.
El despliegue se llevó a cabo en los caseríos de Coigobamba – Bosque Polo, Loma Colorada – Shiracmaca – Cerro Cachito, en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, y en Pampa La Julia, en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco. Bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1100 y sus normas complementarias, las autoridades lograron intervenir diversos socavones y piques utilizados para la extracción ilegal de minerales, así como pozas de beneficio en las que se empleaban sustancias altamente tóxicas como el cianuro de sodio.
Durante el operativo, se destruyeron y decomisaron maquinarias y herramientas empleadas en estas actividades ilícitas, asegurando la paralización de las operaciones mineras ilegales en los caseríos de Coigobamba – Bosque Polo y Loma Colorada – Shiracmaca – Cerro Cachito, en el distrito de Huamachuco. Sin embargo, en la zona de Quiruvilca, el proceso de interdicción aún está en marcha y continuará en los próximos meses, conforme a lo establecido en el Plan de Operaciones diseñado por la Dirección de Medio Ambiente de la PNP.
Las operaciones mineras ilegales en estos sectores han representado por años una amenaza latente para el ecosistema y la salud de los habitantes locales. La deforestación, la contaminación de fuentes de agua con metales pesados y productos químicos, así como los conflictos sociales generados por estas actividades, han sido denunciados reiteradamente por las comunidades afectadas. Con este operativo, las autoridades buscan sentar un precedente y reafirmar su compromiso en la lucha contra la minería ilegal, un delito que no solo afecta al medio ambiente, sino que también propicia redes criminales y trabajo en condiciones precarias.
El éxito de esta acción es una muestra de la importancia de la articulación entre diversas entidades estatales para combatir delitos ambientales de gran magnitud. No obstante, las autoridades han reconocido que la erradicación de la minería ilegal es un proceso continuo que requiere un seguimiento constante y el fortalecimiento de políticas de control y fiscalización en las zonas afectadas. Además, se ha señalado la necesidad de implementar programas de formalización para mineros artesanales, con el objetivo de ofrecer alternativas de empleo legal y sostenible para las comunidades que dependen de la actividad minera.
Mientras las investigaciones continúan y las labores de interdicción prosiguen en Quiruvilca, los ciudadanos de la sierra liberteña esperan que estas acciones se traduzcan en una mejora tangible de sus condiciones de vida y en la protección de los recursos naturales de la región.
