El panorama político en La Libertad se remeció con la condena impuesta al consejero regional Abner José Ávalos Villacorta, quien aceptó su culpabilidad en un caso de corrupción y se acogió al mecanismo de terminación anticipada.
En un proceso que expuso las prácticas ilícitas en la administración pública, la justicia determinó su responsabilidad en el delito de cohecho pasivo impropio, confirmando que utilizó su cargo para obtener beneficios personales a costa del Estado.
La condena, emitida a solicitud del Ministerio Público, representado por el fiscal provincial César Gustavo Espínola Carrillo, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, dejó en evidencia el uso indebido del poder por parte del exconsejero, quien, en ejercicio de sus funciones, exigió un pago ilícito a un empresario minero para favorecerlo en una inspección. Este caso no solo marca un hito en la lucha contra la corrupción en la región, sino que también refuerza la necesidad de una vigilancia más estricta sobre las autoridades elegidas por voto popular.
La sentencia dictada impone cinco años de pena privativa de libertad, aunque su ejecución será suspendida por cuatro años, una medida que ha generado diversas reacciones entre la ciudadanía y las autoridades. Sin embargo, lo que más resalta en el fallo judicial es la inhabilitación del exconsejero, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Código Penal, lo que implica su desvinculación inmediata del cargo y la imposibilidad de ejercer cualquier función pública en el futuro.
Además de la inhabilitación, el exconsejero deberá pagar una multa de S/ 12,165.45 correspondiente a 365 días de sanción económica a favor del Tesoro Público. Como parte de su castigo, se le ha ordenado también abonar S/ 20,000.00 por concepto de reparación civil al Estado, en un intento de mitigar el daño causado por sus actos ilícitos.
Lo que comenzó como una denuncia de presunto soborno terminó convirtiéndose en un caso ejemplar de aplicación de justicia, dejando en claro que el Gobierno Regional de La Libertad no está exento de la corrupción que afecta al país. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios reafirmó su compromiso de perseguir y sancionar estos delitos, instando a la población a seguir denunciando cualquier irregularidad en la gestión pública.
Con esta sentencia, el proceso judicial llega a su fin y adquiere la condición de cosa juzgada, lo que significa que ya no puede ser apelado ni modificado. Sin embargo, el impacto político y social de este caso aún está por verse. La caída de Abner Ávalos Villacorta, quien llegó al cargo en el 2023 con el movimiento regional Trabajo más Trabajo y luego se afilió al partido Progresemos, es una clara advertencia para quienes buscan utilizar el poder en beneficio propio.
