La lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario del país ha sufrido un grave revés debido a una polémica decisión del Congreso de la República. Un megaoperativo ejecutado, por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de La Libertad y agentes del Grupo Grecco-Diviac de la PNP, en el penal El Milagro de Trujillo y otras dependencias del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Lima y Lambayeque terminó con allanamientos, incautaciones y evidencias clave, pero sin ninguna detención.
¿La razón? La eliminación de la detención preliminar por parte del Congreso impidió el arresto de 24 funcionarios y agentes del INPE, presuntamente vinculados a la organización criminal “Los INPE-rdonables”.
La Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad ejecutó un megaoperativo simultáneo en varias regiones del país con la finalidad de desarticular una red de corrupción dentro del penal El Milagro. La investigación reveló que altos funcionarios y agentes penitenciarios facilitaban el ingreso de drogas, celulares y otros equipos de comunicación a los reclusos a cambio de sobornos. Esta actividad ilícita permitía a las mafias operar impunemente desde el interior del penal, ordenando extorsiones, sicariatos y otros delitos.
A pesar de que la Fiscalía obtuvo la autorización del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza para allanamientos, incautaciones y descerrajes, el Congreso había anulado previamente la posibilidad de realizar detenciones preliminares, lo que frustró la captura de los principales implicados en el caso.
Congreso bajo la lupa
La medida del Legislativo, que eliminó la figura de la detención preliminar en ciertos delitos, ha generado un grave obstáculo para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Según fuentes de la Fiscalía, de haberse aplicado esta herramienta, se habrían podido detener de inmediato a los funcionarios implicados, evitando que destruyan pruebas o se fuguen.
“Este es un claro ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden interferir en la lucha contra la criminalidad. Sabemos que los implicados ahora tienen tiempo suficiente para ocultar pruebas, coordinar estrategias de defensa o incluso abandonar el país”, manifestó un alto funcionario del Ministerio Público que prefirió mantenerse en el anonimato.
El megaoperativo permitió identificar a 24 presuntos integrantes de “Los INPE-rdonables”, entre los cuales figuran: Diego Efraín Araujo Llanos, Genaro José Celestino Castillo, Rosa María Santos Heredia Rodas, Luis Ángel Huamán Pérez, Carlos Franco Medina (director del penal El Milagro), Edinson Estky Cruz Adanaque, Kenny John Panaque Tapia, entre otros.
Los delitos imputados incluyen organización criminal, cohecho, tráfico ilícito de drogas y corrupción de funcionarios. Además, se incautaron 18 celulares, seis chips, tres laptops, discos duros y documentos que podrían evidenciar una red de corrupción de gran alcance dentro del INPE.
El penal El Milagro de Trujillo es conocido por ser uno de los centros de reclusión más peligrosos del país, con una fuerte presencia de bandas criminales. La infiltración de la corrupción dentro del sistema penitenciario ha permitido que estas organizaciones continúen operando con impunidad, coordinando delitos como extorsiones y asesinatos desde sus celdas.
Según un informe de la Policía Nacional, los sobornos dentro del penal van desde los S/ 500 hasta los S/ 10,000, dependiendo del tipo de beneficio solicitado. Esto incluye desde el ingreso de teléfonos celulares y drogas hasta la alteración de registros de visitas o traslados de internos a pabellones menos restrictivos.
La imposibilidad de efectuar detenciones generó indignación entre los agentes de la División de Investigación de Crimen Organizado (DIVIAC) y los fiscales a cargo del caso. “Hemos hecho un trabajo minucioso de meses para llegar hasta este punto y nos encontramos con que la ley no nos permite capturar a los implicados. Esto no solo dificulta el proceso, sino que pone en peligro la integridad de los testigos y la efectividad de la investigación”, declaró uno de los fiscales del caso.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que algunos de los investigados han dejado de presentarse en sus centros de trabajo tras el operativo, lo que aumenta las sospechas de que podrían estar buscando eludir la justicia.
La Fiscalía ha solicitado medidas restrictivas, como el impedimento de salida del país y el congelamiento de cuentas bancarias, para evitar la fuga de los investigados. Sin embargo, sin la posibilidad de detención preliminar inmediata, el proceso judicial se vuelve más complejo y lento.
Por otro lado, la decisión del Congreso de eliminar esta herramienta clave ha generado críticas de sectores políticos y expertos en derecho penal. “Si el objetivo era mejorar el debido proceso, lo que han logrado es darle ventaja a los delincuentes de cuello blanco y a las mafias enquistadas en el Estado”, opinó un exmagistrado de la Corte Suprema.
