La designación de Frank Sánchez Romero como representante de la sociedad civil en el directorio de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDALIB ha puesto en evidencia un caso más de presunto copamiento político por parte de Alianza para el Progreso (APP) y su líder, César Acuña Peralta.
La forma en que Sánchez habría sido favorecido ha despertado críticas y acusaciones de presunto fraude, debido a la exclusión de candidatos con mayor preparación y trayectoria. Este proceso, que se realizó con secretismo y rapidez inusual, podría costarle el puesto al propio ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whitembury, quien ya está en la mira del Congreso de la República que ya investiga la designación de Sánchez.
Desde el inicio, el proceso de selección para el representante de la sociedad civil en el directorio de SEDALIB estuvo marcado por presuntas irregularidades. A diferencia de años anteriores, esta vez la evaluación de candidatos se llevó a cabo de manera apresurada. El proceso, identificado como N°027-2024 SEDALIB (P-3)-SC-2, se inició el 17 de diciembre de 2024 con la convocatoria de 25 postulantes presentados por los colegios profesionales. En tiempo récord, en menos de un mes, se redujo el número de candidatos a 13, quienes fueron declarados aptos tras un breve periodo de subsanaciones.
El 28 de febrero, se llevaron a cabo las entrevistas personales, a pesar de las denuncias previas sobre el direccionamiento del proceso. El propio congresista Héctor Acuña y el sindicato de trabajadores de SEDALIB advirtieron públicamente que el proceso estaba diseñado para favorecer a Frank Sánchez, un hombre de confianza de César Acuña y miembro de la Universidad César Vallejo (UCV).
La confirmación de la sospecha llegó el 19 de febrero de 2025, cuando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) publicó la resolución oficial que declaraba como ganador a Frank Sánchez Romero y como suplente a Alcides Arellano Alvarado, exdirector de SEDALIB y candidato del Colegio de Ingenieros. Lo que generó indignación fue la manipulación de criterios de evaluación para excluir al mejor calificado: Héctor Chávarry Rojas.
El perfil de Chávarry Rojas es intachable y lo posicionaba como el candidato idóneo para ocupar el cargo. Su trayectoria incluye ser ingeniero químico con maestría en Ingeniería Petroquímica por la Universidad Libre de Bruselas-Bélgica, además de doctor en Medio Ambiente por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con formación en docencia universitaria y gestión de calidad educativa en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). También ha sido director y presidente del directorio de SEDALIB en varias ocasiones, y actualmente se desempeña como vocal del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Energía y Minería del Osinergmin y docente de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
A pesar de contar con un perfil superior en experiencia y formación, Chávarry fue descalificado mediante un cuestionable criterio de evaluación que no estaba especificado en las bases del proceso, lo que permitió que Frank Sánchez, con un currículum mucho más modesto, fuera elegido. La forma en que se desestimó su candidatura sugiere una estrategia deliberada para garantizar que el puesto quedara en manos de alguien alineado con los intereses de APP y, por extensión, de César Acuña.
El Congreso ya ha tomado nota del escándalo y el ministro de Vivienda podría ser citado a explicar cómo se llevó a cabo este proceso supuestamente irregular. Existen serias preocupaciones sobre la influencia política en la designación de cargos estratégicos dentro de las empresas prestadoras de servicios públicos. La transparencia y meritocracia parecen haber sido reemplazadas por los favores políticos y el tráfico de influencias.
El caso de SEDALIB refleja una tendencia preocupante en la administración pública, donde los intereses partidarios y personales priman sobre la capacidad y la experiencia. Si no se toman medidas correctivas, la empresa encargada del servicio de saneamiento en La Libertad podría quedar en manos de personas sin la formación ni la independencia necesarias para garantizar un manejo eficiente y transparente.
