En un clima tenso y de creciente preocupación dentro de la comunidad universitaria, el reciente proceso electoral convocado por la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) para elegir a los representantes docentes ante la Asamblea Universitaria y los Consejos de Facultad ha sido abruptamente cancelado.
La controversia no solo expone irregularidades de procedimiento, sino también posibles maniobras para mantener en el poder a las actuales autoridades universitarias, de acuerdo a fuentes internas.
El 23 de abril, el Comité Electoral Universitario (CEU) anunció oficialmente la convocatoria para el proceso electoral 2025–2028. A primera vista, el cronograma parecía seguir el curso esperado. Sin embargo, el desarrollo de los hechos terminaría revelando un trasfondo complejo y preocupante.
Hasta el 12 de mayo, fecha límite para la inscripción de listas, dos agrupaciones docentes lograron formalizar su participación:
Académicos Unidos por la Renovación (AUR), conformada por docentes ordinarios con una propuesta centrada en la renovación institucional y el fortalecimiento de la vida académica.
Movimiento Hacia la Excelencia, impulsado por la actual gestión universitaria y encabezado por la misma rectora, la Dra. Felicita Peralta Chávez.
Ambas listas cumplían con los requisitos formales básicos. No obstante, el CEU introdujo una interpretación no estipulada en el estatuto ni en el Reglamento General de Elecciones: que las listas debían ser “completas”, es decir, incluir candidatos para la Asamblea Universitaria y todos los Consejos de Facultad. Esta exigencia, impuesta sin fundamento normativo explícito, llevó a declarar no aptas ambas listas el 13 de mayo.
Ante esta decisión, AUR presentó el 15 de mayo un recurso de impugnación, argumentando que la interpretación era arbitraria y violaba el derecho a la participación electoral. El comité, sin embargo, nunca emitió respuesta formal, contraviniendo su propio cronograma y los principios del debido procedimiento.
Lo más alarmante llegó el 19 de mayo, cuando el CEU emitió la Resolución N.º 002-2025, declarando desierto el proceso electoral, sin resolver la impugnación pendiente y sin notificar previamente a los interesados. Ese mismo día, el documento fue enviado directamente al Rectorado.
La rapidez y opacidad del acto despertaron sospechas sobre un posible interés por neutralizar el proceso democrático antes de agotar los mecanismos internos de solución de controversias. Todo esto ocurre en paralelo a una convocatoria a Asamblea Universitaria Extraordinaria, prevista para el lunes 26 de mayo, con una agenda que incluye la modificación del Estatuto institucional para ampliar el mandato de la actual Asamblea, Consejos de Facultad y autoridades rectorales.
El contexto descrito ha encendido las alarmas dentro y fuera del campus universitario. Las decisiones del CEU y del Rectorado estarían configurando una maniobra legal-administrativa para prolongar los actuales mandatos mediante la reforma estatutaria, en lugar de permitir un proceso electoral legítimo, abierto y competitivo.
Para muchos docentes, esta situación no solo vulnera derechos fundamentales de participación política, sino que hiere profundamente los principios de autonomía, pluralismo y democracia que deben regir la vida universitaria.
Frente a este panorama, Académicos Unidos por la Renovación ha optado por mantener una postura de denuncia activa y de respeto por la legalidad. Han presentado formalmente sus reclamos ante el CEU, han informado a la comunidad universitaria y evalúan los pasos a seguir ante instancias superiores, si es necesario.
“No claudicaremos en nuestra defensa de la legalidad y el respeto a los principios democráticos universitarios”, afirmaron en un comunicado público. Para AUR, la universidad debe volver a colocar la academia en el centro de sus decisiones, y no convertirse en escenario de pactos de poder sin control.
