En una decisión que ha generado críticas, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda archivar la denuncia contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, implicada en el llamado Caso ‘Mochasueldo’, revelado por el programa Punto Final en 2023.
La denuncia señalaba a la legisladora de presuntamente recortar parte del salario de sus trabajadores parlamentarios durante su gestión, en una práctica ilegal y éticamente cuestionable que ha sido motivo de denuncias similares en otros casos del Congreso.
El informe presentado ante la Comisión Permanente fue elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que en su fase preliminar evaluó las declaraciones de exasesores, documentación administrativa y depósitos bancarios que vincularían a Ruiz con el presunto cobro irregular de parte del sueldo de sus trabajadores.
Pese a estos elementos, el informe final recomienda no formular acusación constitucional contra la legisladora por supuesta infracción a la Constitución ni por la comisión de delito en el ejercicio de sus funciones. Con el voto mayoritario de la Comisión Permanente, el caso quedó archivado, lo que impide una investigación a nivel judicial mientras no se reabra el expediente con nuevos elementos.
La decisión ha sido duramente cuestionada por sectores de la opinión pública, colectivos anticorrupción y analistas políticos, quienes denuncian una protección corporativa dentro del Congreso para blindar a sus miembros ante denuncias graves.
Magaly Ruiz, congresista liberteña y actual representante de Alianza para el Progreso (APP), ha evitado pronunciarse extensamente tras conocerse la votación, aunque en reiteradas ocasiones ha negado su responsabilidad y ha atribuido las acusaciones a “difamaciones sin sustento”.
El archivamiento de esta denuncia reaviva el debate sobre la efectividad de los mecanismos de control y fiscalización dentro del Congreso, en especial en casos donde los implicados gozan de respaldo político mayoritario. Para muchos observadores, esta es una nueva oportunidad perdida para demostrar voluntad de limpieza institucional y sanción ejemplar frente a prácticas que socavan la confianza ciudadana.
El caso ‘Mochasueldo’ de Magaly Ruiz se suma a una larga lista de escándalos no sancionados dentro del Parlamento. La pregunta que queda flotando es: ¿cuántas veces más deberá repetirse esta historia antes de que haya justicia real?
