La construcción del nuevo penal de máxima seguridad en Quiruvilca, promovido por el Gobierno Regional de La Libertad, ha generado tensiones entre las autoridades y las comunidades locales. El presidente de las Rondas Campesinas de La Libertad, Roger Sandoval, solicitó públicamente que se realice una consulta previa a la población antes de avanzar con el proyecto penitenciario.
“La consulta previa es un derecho de los pueblos según ley y eso no se ha hecho en Quiruvilca”, enfatizó Sandoval, cuestionando la falta de diálogo por parte de la administración de César Acuña, actual gobernador regional.
La propuesta de construir el penal responde al grave hacinamiento en el penal El Milagro, en Trujillo, cuya capacidad para 1,800 internos ha sido desbordada por más de 5,400 reclusos. Para aliviar esta situación, se ha destinado un terreno de 22 hectáreas a más de 4,000 msnm en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco.
Sin embargo, el 17 de junio, pobladores de distintos sectores de la provincia se movilizaron en protesta. Argumentan que el terreno destinado para el nuevo reclusorio estaría habitado por posesionarios, por lo que rechazan la ejecución del proyecto sin reconocimiento ni indemnización.
Tensiones y dudas
Uno de los puntos de mayor controversia gira en torno a la propiedad del terreno. Los manifestantes alegan que existen moradores con años de residencia en la zona que no han sido consultados ni informados sobre el proyecto. También alertan sobre el impacto ambiental y social que podría generar la instalación de una cárcel en una localidad de alta ruralidad y vulnerabilidad climática.
A pesar del rechazo local, el Gobierno Regional sostiene que el terreno ha sido saneado física y legalmente, y que el proyecto penitenciario busca descentralizar la infraestructura carcelaria y mejorar las condiciones penitenciarias en la región.
