La tensión en las provincias del ande liberteño no cede. Por segundo día consecutivo, mineros artesanales mantienen bloqueada la vía que conecta Trujillo con las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar, en protesta contra el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), dispuesto por el Decreto Supremo N° 012-2025-EM.
El epicentro de la protesta se ubica en Shorey Alto y Pampa de Julia, en la provincia de Santiago de Chuco, donde se han instalado piquetes de manifestantes que impiden el tránsito de manera permanente, salvo en dos ventanas breves al día: de 6:00 a 7:30 a.m. y de 6:00 a 7:30 p.m., cuando permiten el paso intermitente de buses, camiones, combis y colectivos. En los otros horarios, el tránsito está completamente paralizado.
El impacto de la medida es inmediato: cientos de pasajeros, camiones con productos agrícolas, comerciantes y transportistas se encuentran varados, algunos desde la madrugada del domingo 30 de junio. Según testimonios recogidos por medios locales, algunos viajeros han debido caminar varios kilómetros para cruzar los bloqueos y buscar nuevas formas de continuar sus trayectos.
Además, la especulación y el abuso no tardaron en aparecer. Usuarios denunciaron que algunos transportistas están cobrando hasta tres veces más por los pasajes, aprovechando la desesperación de quienes necesitan llegar a sus destinos. “Nos cobran 60 soles por un pasaje que normalmente cuesta 20. Y eso solo hasta el punto de bloqueo”, cuenta una comerciante varada con su carga de papas y verduras.
EL MOTIVO DE LA PROTESTA
La raíz del conflicto es legal y administrativa. El Decreto Supremo N° 012-2025-EM, emitido por el Ejecutivo, establece el cierre definitivo del Reinfo el 30 de diciembre de este año, permitiendo continuar solo a los mineros cuyas inscripciones estén vigentes o suspendidas por menos de un año hasta el 30 de junio de 2025. Quienes tengan su inscripción suspendida por más tiempo quedarán automáticamente excluidos del proceso de formalización, sin opción a una nueva prórroga.
Los mineros protestantes aseguran que la norma los deja fuera sin considerar causas justificadas, como demoras en trámites, problemas administrativos o falta de asesoramiento técnico por parte del Estado. Reclaman una prórroga participativa, con una mesa técnica que incluya a todos los actores del sector minero artesanal, y no una decisión “impuesta desde Lima”.
