La violencia y el crimen organizado continúan golpeando a los transportistas en Trujillo. Esta vez, más de cien unidades de la empresa de transporte público El Cortijo detuvieron por completo sus operaciones desde la madrugada del jueves 3 de julio, en señal de protesta y como medida para salvaguardar la vida de sus conductores y cobradores.
Las unidades permanecen estacionadas en la cuadra 29 de la avenida Jaime Blanco, en la urbanización El Cortijo, distrito de El Porvenir. Según informaron los propios trabajadores, la drástica medida responde a las reiteradas amenazas de muerte que reciben por parte de bandas criminales dedicadas a la extorsión.
En los últimos días, los extorsionadores enviaron videos a los celulares de los conductores y cobradores, mostrando armas y municiones, mientras advertían que ingresarían a los micros para atacarlos si no pagaban las “cuotas” exigidas. La noche del miércoles, un grupo de delincuentes intentó concretar una agresión abordando un vehículo en movimiento, pero la rápida reacción de los trabajadores evitó una tragedia.
“Esto ya se salió de control. Nos amenazan con armas, nos mandan videos, y ahora incluso intentan meterse a los micros a matarnos. Así no se puede trabajar. Tenemos familia, queremos vivir”, declaró uno de los conductores, visiblemente indignado.
Los transportistas hicieron un llamado directo al jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general PNP Carlos Llerena, para que “se ponga las pilas”, según sus propias palabras. Solicitan mayor presencia policial en las rutas, remoción de agentes corruptos y acciones inmediatas para frenar la ola de extorsiones que los tiene bajo constante amenaza.
“Estamos cansados de promesas y de que las autoridades miren a otro lado mientras a nosotros nos matan por no pagarle a las mafias”, expresó otro chofer.
El paro total afecta a cientos de usuarios que dependen a diario de la empresa El Cortijo para movilizarse entre los distritos de Trujillo y El Porvenir. Los ciudadanos mostraron comprensión ante la situación, pero también preocupación por el riesgo que enfrentan los trabajadores y la falta de soluciones concretas por parte del Estado.
La creciente inseguridad en las rutas de transporte público no solo impacta económicamente a las empresas, sino que también evidencia la necesidad urgente de políticas efectivas para proteger a quienes diariamente movilizan a miles de niños, jóvenes y adultos en la ciudad.
