La justicia peruana ha dado un paso decisivo para que Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como alias ‘Cuchillo’, sea extraditado desde Colombia y responda ante las autoridades por su presunta responsabilidad en la masacre de 13 mineros en Pataz y otros delitos asociados a la minería ilegal y el crimen organizado.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró procedente la solicitud remitida por el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que pide a las autoridades colombianas su entrega para enfrentar un proceso con prisión preventiva de 36 meses.
La decisión fue adoptada tras confirmar que la solicitud cumple con los principios jurídicos requeridos para los casos de extradición, como el de doble incriminación, es decir, que los delitos por los que es requerido son punibles tanto en Perú como en Colombia. Además, se verificó que los hechos investigados no tienen naturaleza política ni religiosa, y que las penas previstas para estos delitos superan ampliamente los 15 años de prisión, lo que respalda la gravedad de las acusaciones.
Alias ‘Cuchillo’ es sindicado como cabecilla de una organización criminal que operaba en las zonas mineras de La Libertad, donde no solo lideró redes de sicariato y extorsión, sino también actividades de lavado de activos vinculadas al oro de origen ilegal, según las autoridades. Entre sus víctimas se encuentran los 13 mineros asesinados en Pataz, así como otras personas en distintos puntos del país.
En la resolución, a la que accedió RPP, se detalla que los crímenes atribuidos al detenido ocurrieron entre 2023 y 2025 y que no existen obstáculos legales ni tratados internacionales que impidan su entrega.
Ahora, el expediente ha sido remitido a las autoridades judiciales de Colombia, quienes deberán evaluar y autorizar la extradición conforme a su legislación y a los acuerdos bilaterales de cooperación judicial suscritos con Perú.
La expectativa es alta entre los familiares de las víctimas y las autoridades peruanas, quienes consideran la llegada de Rodríguez Díaz como un paso fundamental para combatir la impunidad en torno a los crímenes de la minería ilegal en Pataz y la región La Libertad.
