En una contundente acción contra la minería ilegal, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) logró intervenir una bocamina clandestina en el distrito de Pataz, provincia del mismo nombre, decomisando equipos e insumos valorizados en más de S/3.6 millones y deteniendo a 23 personas presuntamente implicadas en la extracción ilícita de minerales.
La operación, bautizada como “Drako”, fue ejecutada en conjunto por agentes especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, en el marco del estado de emergencia vigente en esta conflictiva zona del ande liberteño. El despliegue táctico fue resultado de varios días de trabajo de inteligencia y seguimiento.
Equipos incautados y materiales peligrosos
Durante el operativo, las fuerzas del orden incautaron equipos de alta gama empleados para la explotación minera ilegal. Entre ellos se encuentran:
1 tractor Worldtrac 90 RXN
1 generador electrógeno de 15 Kw
1 sistema completo de videovigilancia
1 compresora industrial
8 vagones de transporte de mineral
1 cisterna con capacidad de 10 mil galones de combustible
3 depósitos de diésel de 50 galones cada uno
2 km de tuberías industriales de 8 pulgadas de diámetro
Pero lo más alarmante fue el hallazgo de materiales explosivos altamente peligrosos, presuntamente usados para detonar galerías subterráneas sin ningún tipo de protocolo técnico ni autorización. Se encontraron:
40 sacos de ANFO (explosivo de alta potencia)
40 detonadores eléctricos
Fulminantes y cordón detonante
2 mini excavadoras
Estos materiales representan una grave amenaza no solo para los trabajadores informales en la zona, sino también para las comunidades aledañas y el medio ambiente.
Un paso más en la recuperación del control territorial
“A través del Comando Unificado Pataz, estamos consolidando la recuperación del control territorial, erradicando economías ilícitas y protegiendo el medio ambiente y la seguridad, en el marco del estado de emergencia vigente en la provincia de Pataz”, declaró el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército David Ojeda Parra.
Desde que el Ejecutivo decretó el estado de emergencia en Pataz, producto de la creciente violencia, las redes criminales vinculadas a la minería ilegal y el ingreso de grupos armados, se han incrementado los operativos en zonas rurales de difícil acceso. Las bocaminas ilegales, muchas veces protegidas por organizaciones delictivas, han sido convertidas en enclaves donde impera la ley del más fuerte.
Contexto: minería ilegal, crimen y corrupción
La provincia de Pataz ha sido señalada como uno de los epicentros de la minería informal e ilegal en el país, escenario de masacres, enfrentamientos armados y tráfico de explosivos. Las autoridades han advertido que la expansión de estas actividades extractivas ilícitas está directamente relacionada con delitos como sicariato, extorsión, trata de personas y lavado de activos.
El operativo “Drako” se da semanas después de que la Fiscalía alertara sobre el riesgo de que se repitan tragedias como la masacre ocurrida en 2023 en la zona de La Grande, donde murieron 13 personas presuntamente por disputas entre bandas criminales por el control de socavones.
A esto se suma la creciente preocupación por la infiltración de estas redes en gobiernos locales y contratistas, como se evidenció recientemente en las investigaciones a constructoras vinculadas a personas con antecedentes penales.
Una estrategia sostenida y necesaria
El golpe a esta bocamina clandestina, aunque significativo, es solo una pieza más en un tablero complejo donde convergen intereses económicos, actores armados y ausencia del Estado. Las autoridades han prometido continuar con estas operaciones, pero organizaciones civiles reclaman una estrategia integral, que incluya formalización minera, desarrollo alternativo y seguridad ciudadana.
Mientras tanto, la población de Pataz espera que estas acciones se traduzcan en paz duradera, respeto al medio ambiente y un futuro libre del control del crimen organizado.
