La sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre el Gobierno Regional de La Libertad. En medio de un escándalo político que involucra presuntos favoritismos en la adjudicación de megaobras a una joven empresaria sin experiencia, el gobernador César Acuña Peralta —actualmente de vacaciones en España— anunció, desde sus redes sociales, que ha solicitado a la Contraloría General de la República que audite todos los procesos de licitación de obras realizados durante su gestión, desde 2023 hasta la fecha.
La medida, presentada como un gesto de transparencia, fue ejecutada formalmente por el gerente general del GORE La Libertad, Martín Namay Valderrama, quien el último viernes remitió un oficio al contralor César Aguilar Surichaqui. El documento solicita iniciar un «control posterior» sobre los procedimientos de contratación pública y las adjudicaciones realizadas bajo la actual administración.
La reacción del gobernador llega tras el reportaje difundido por el programa Panorama, que reveló presuntas reuniones entre Acuña y el padre de Lucero Coca Condori, una joven de 23 años que, sin experiencia previa en grandes contrataciones, ha sido beneficiada con dos megaobras por más de 300 millones de soles. Los contratos corresponden a los proyectos de mejoramiento del Corredor Vial Norte (S/ 121 millones) y la ampliación del Hospital de Virú (S/ 194 millones), lo que ha generado un vendaval político.
Desde la oposición regional, las críticas no se hicieron esperar. El consejero trujillano Robert De La Cruz calificó la solicitud de auditoría como «tardía» y «un intento desesperado de lavarse la cara». Según sostuvo, la iniciativa carece de credibilidad por la relación entre el actual gerente regional de la Contraloría en La Libertad, William León Huertas, y el entorno político de Acuña, ya que León fue gerente general durante la gestión del apepista Manuel Llempén Coronel.
“Hoy, desde la comodidad de su casa en España, Acuña pretende que lo investigue su amigo. Esta no es una muestra de transparencia, sino un camino a la impunidad”, declaró De La Cruz.
La controversia también alcanzó a las organizaciones civiles. Mónica Sánchez Minchola, representante del colectivo La Libertad Observa, tildó la medida como “tardía y desesperada”. Recordó que desde el 30 de julio, un equipo de la Contraloría ya estaba recabando información sobre las cuestionadas licitaciones. “Esta solicitud parece más una maniobra de imagen que un acto de rendición de cuentas genuina”, advirtió.
Acuña, por su parte, ha negado cualquier irregularidad y ha pedido públicamente al programa Panorama que se rectifique. Sin embargo, lejos de aplacarse, el tema podría escalar, ya que se ha anunciado un nuevo reportaje de seguimiento para este domingo, lo que mantiene en vilo al escenario político regional.
En medio de este escenario, la ciudadanía observa con escepticismo. La percepción de que los órganos de control están cooptados por el poder político refuerza el sentimiento de desconfianza en las instituciones. Y mientras el gobernador intenta mostrar que “no tiene nada que ocultar”, crecen las voces que exigen que las investigaciones sean dirigidas desde Lima, sin injerencia local.
