El congresista Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular y representante de La Libertad, se prepara para asumir la presidencia de la Comisión de Economía del Congreso, cargo clave desde el que se debatirán proyectos de alto impacto, como la compra de oro por parte del Banco Central de Reserva (BCR) a la pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, su designación se ve ensombrecida por un serio cuestionamiento: no transparentó sus vínculos con concesiones mineras inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) mientras participaba y votaba a favor de su ampliación en el Congreso.
El Código de Ética Parlamentaria obliga a los legisladores a declarar cualquier posible conflicto de intereses durante la discusión de proyectos de ley. No obstante, Flores, que respaldó y defendió la ampliación del Reinfo en dos ocasiones (2021 y 2025), omitió mencionar que sus empresas poseen concesiones en las que operaban mineros informales.
“¿Cómo transparentar lo que ya es transparente?”, respondió de forma ambigua cuando se le consultó por qué no declaró estos vínculos durante los debates.
Conexiones empresariales y mineras
Una investigación de El Comercio cruzó la información de su declaración jurada de intereses con registros del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). El resultado reveló que dos de las empresas de Flores figuran con inscripciones en el Reinfo (actualmente suspendidas).
La compañía más relevante es Minera Marilia & FCS, de la cual el parlamentario registró un 66% de acciones en 2022. Esta empresa tiene cinco concesiones mineras en Piura, todas con inscripciones suspendidas en el Reinfo. Tres de esas concesiones, bajo el nombre “Marilia”, fueron tramitadas personalmente por Flores.
En el pasado reciente, el congresista ya había demostrado familiaridad con la minería informal. En 2021, defendió en el pleno la necesidad de “facilitar el transporte de insumos y productos, incluyendo explosivos” para el pequeño minero. En 2025, volvió a votar a favor de la ampliación y exigió al Gobierno un acompañamiento más activo a los 35 mil mineros ilegales excluidos del Reinfo.
Antecedentes y cuestionamientos
En 2024, el nombre de Víctor Flores apareció en una indagación fiscal contra una presunta organización de minería ilegal en La Libertad, aunque el caso no ha derivado en acusación formal. Consultado por este medio, el legislador sostuvo que “el país requiere un marco regulatorio sólido para un desarrollo ordenado de la actividad minera” y aseguró que “siempre ha transparentado su información personal”.
La polémica se intensifica porque, desde la Comisión de Economía, Flores tendrá injerencia directa en el futuro de leyes que podrían impactar al sector minero y a los actores involucrados en su formalización.
