La Caja Trujillo vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el foco recae sobre su presidente, Luis Alberto Muñoz Díaz, quien, en medio de cuestionamientos por la legitimidad de su designación, ha organizado un costoso viaje a Panamá con diez regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, todos ellos miembros de la Junta de Accionistas de la entidad financiera.
El motivo oficial es la participación en el X Congreso Latinoamericano de Riesgos (CLAR), a desarrollarse los días 25 y 26 de septiembre. Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Para diversos sectores, este viaje representa un evidente despilfarro de recursos públicos, pues en lugar de destinar los fondos de la institución a fortalecer la capacitación de personal técnico en gestión de riesgos —los directamente vinculados a la operatividad de la Caja—, se optó por financiar la estadía y los viáticos de regidores cuya labor debería circunscribirse al ámbito político y fiscalizador, no al técnico.
El gesto, para muchos, no es inocente. La invitación masiva a los regidores llega justo cuando la Fiscalía ha formalizado investigación por presuntas irregularidades en la designación de Muñoz Díaz como director, en representación de las PYMES. Se le cuestiona haber accedido al cargo con documentación adulterada, tras la supuesta falsificación de firmas en el acta de designación emitida por la Cámara de Calzado de Alto Trujillo. Una de las firmas cuestionadas pertenece al secretario de esa entidad, lo que ha llevado al Ministerio Público a indagar en profundidad sobre el procedimiento que derivó en su incorporación al directorio y en la salida del entonces legítimo representante, Fernando Wilfredo Valderrama Arroyo.
Este no es el único viaje reciente que revela la estrategia de Muñoz Díaz para mantener respaldo político. A inicios de septiembre, cinco regidores viajaron a Cuenca, Ecuador, al “Summic Cuenca 2025”, un evento de microfinanzas. Apenas unas semanas después, el presidente de Caja Trujillo vuelve a financiar un segundo periplo internacional, esta vez a Panamá, en medio de un clima de creciente desconfianza ciudadana hacia la administración de la institución.
Lo que se esconde detrás de estas decisiones es, según denuncian críticos y especialistas, un uso indebido de fondos de la Caja Trujillo para fines políticos y de autoprotección, disfrazado de programas de capacitación. En la práctica, los regidores beneficiados no tienen injerencia técnica en la gestión de riesgos financieros, pero sí voz y voto en la Junta de Accionistas, el espacio clave donde podría debatirse la continuidad de Muñoz Díaz. De ahí que se sospeche que estas invitaciones constituyen un intento por blindarse frente a las investigaciones y afianzar lealtades dentro del concejo municipal.
El alcalde de Trujillo, a diferencia de los regidores, declinó la invitación. No obstante, la decisión de varios de sus concejales de aceptar el viaje ha desatado indignación en la opinión pública. Para los críticos, esta situación representa una contradicción con los principios del buen gobierno corporativo, que establecen que los órganos de decisión política no deben interferir en la gestión técnica de la Caja, la cual recae en los directores designados expresamente para esa función.
Lo más grave es que este “turismo de capacitación” ocurre mientras la entidad financiera atraviesa una crisis de credibilidad y mientras la región vive una situación económica y social marcada por la inseguridad y la desconfianza hacia sus autoridades. La pregunta que queda en el aire es si, tras estos viajes, los regidores que hoy se suben a un avión rumbo a Panamá estarán dispuestos a impulsar una investigación profunda sobre la cuestionada designación de Muñoz Díaz o si, por el contrario, el silencio se impondrá como parte del precio de los viáticos.
En este caso, lo que está en juego no es solo la transparencia de una entidad financiera municipal, sino también la confianza ciudadana en que los recursos públicos no se utilicen como moneda de cambio para asegurar favores políticos.
