La tensión crece en Santiago de Chuco. La Municipalidad Provincial ha convocado para el 30 de septiembre de 2025, a las 10:00 a.m., en el Teatro Municipal, la Segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025. Sin embargo, lejos de generar confianza, la convocatoria ha encendido la indignación de la población.
En redes sociales, vecinos y organizaciones civiles vienen exigiendo que la audiencia no se realice a puertas cerradas en un recinto limitado para funcionarios y allegados al municipio, sino en cabildo abierto, en la Plaza de Armas o en el Estadio Caychugo, donde todos los ciudadanos puedan participar libremente.
Marco legal y derecho ciudadano
La exigencia vecinal se ampara en la Ley N.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo artículo 197 establece que la participación vecinal debe garantizarse mediante audiencias públicas y cabildos abiertos, instrumentos que permiten un verdadero control social de la gestión local. A ello se suma la Ley N.° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que reconoce el derecho de la población a recibir información clara, verificable y accesible sobre el uso de los recursos públicos.
Para los ciudadanos, limitar el acto a un teatro con aforo reducido es un intento de eludir la confrontación directa con el pueblo y de restringir la fiscalización ciudadana.
Los temas pendientes
El malestar tiene fundamentos. Existen múltiples temas que la población demanda debatir de manera abierta:
Las obras públicas mal ejecutadas o inconclusas, de las cuales no se conocen detalles sobre empresas responsables ni montos invertidos, han generado un clima de desconfianza. A ello se suman los procesos judiciales y cuestionamientos contra autoridades y regidores, que la población exige se aclaren públicamente.
Las críticas también apuntan a la contratación de personal municipal y presuntos cobros indebidos en la asignación de obras y servicios, así como a la inactividad de los regidores, a quienes acusan de permanecer indiferentes ante los problemas más urgentes de la provincia.
La agenda de reclamos incluye además la presencia de minería informal, que viene intensificando los conflictos sociales y ambientales; la creciente inseguridad ciudadana que afecta a familias enteras; la escasez y contaminación del agua; y la situación crítica de la carretera Shorey – Santiago de Chuco, cuya falta de avances compromete la conectividad, el comercio y el derecho al desarrollo de toda la provincia.
Transparencia y control social
Para la ciudadanía, la rendición de cuentas solo tiene sentido si es pública, participativa y transparente. En ese marco, exigen que las autoridades respondan directamente a las preguntas del pueblo y no se limiten a exponer informes técnicos o discursos protocolarios.
La voz popular es clara: un cabildo abierto garantiza el ejercicio democrático del control ciudadano, mientras que una audiencia cerrada refuerza la percepción de secretismo y desconfianza.
La presión ahora recae sobre el alcalde provincial y los regidores, quienes deberán decidir si escuchan la demanda legítima de los vecinos o mantienen un formato limitado que podría agravar la distancia entre autoridades y población.
En Santiago de Chuco, donde los problemas sociales y económicos golpean con fuerza, la rendición de cuentas no puede convertirse en un acto simbólico: debe ser un ejercicio real de transparencia, diálogo y responsabilidad política.
