El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, ha quedado nuevamente en el centro de la tormenta política y jurídica. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chepén–Chiclayo, en varias resoluciones emitidas entre el 13 y el 17 de septiembre de 2025, concluyó que el líder de Alianza para el Progreso (APP) quebrantó de manera reiterada el principio de neutralidad electoral al participar en actividades de carácter partidario, valiéndose de su posición de autoridad pública.
El documento del órgano electoral no deja lugar a dudas: “No resulta ético que una persona, además de ser una autoridad pública, tenga el encargo de dirigir el destino de su partido político o agrupación política; en tanto y en cuanto, dada su situación de funcionario del mayor nivel jerárquico, podría beneficiar a su partido político o agrupación política solamente con la posición funcional”. La advertencia es directa: el uso del cargo para favorecer intereses partidarios constituye una vulneración clara de la ley electoral y de los principios de imparcialidad que deben guiar a toda autoridad.
El Jurado constató que Acuña participó en eventos proselitistas en diversas regiones del país en fechas claves de este año. Según la Resolución N.° 01042-2025-JEE-CHYO/JNE, el gobernador estuvo en Tumbes los días 25 y 26 de julio, en actividades que tenían como finalidad persuadir a los electores a favor de su agrupación política. De manera similar, la Resolución N.° 01074-2025-JEE-CHYO/JNE, emitida el 17 de septiembre, refiere que el 12 de julio Acuña encabezó actos en un fundo y en plazas públicas de los distritos La Unión y Catacaos, en Piura, con un evidente sesgo proselitista. En todos los casos, el Jurado concluyó que la finalidad era la misma: favorecer a APP y allanar el camino para una eventual candidatura presidencial de su fundador.
Ante la reiteración de estas faltas, el JEE decidió remitir copias de los actuados al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo Regional de La Libertad, para que actúen dentro de sus competencias. Con ello, no solo se abre un frente de investigación fiscal por la posible comisión de delitos vinculados al quebrantamiento de la neutralidad electoral, sino también la posibilidad de que se activen mecanismos de control político y administrativo en el ámbito regional.
El comportamiento de Acuña revela, además, un patrón reincidente. A pesar de las advertencias y resoluciones en su contra, el pasado sábado participó en otra actividad proselitista en Huancayo, donde incluso fue increpado por manifestantes que le recriminaron el respaldo de APP a la presidenta Dina Boluarte. En medio de la protesta, un ciudadano le lanzó un huevo que impactó en su pecho, convirtiéndose en un episodio simbólico de la creciente indignación ciudadana frente a su doble rol de gobernador y jefe partidario.
Las resoluciones del Jurado evidencian una tensión de fondo en el sistema político peruano: la dificultad de separar el ejercicio de funciones públicas de las ambiciones electorales personales. El caso de César Acuña, con su poder regional y sus aspiraciones presidenciales, pone en jaque el principio de neutralidad que debería blindar a los procesos democráticos de la manipulación de recursos y cargos estatales.
La investigación recién empieza. El Ministerio Público tendrá que determinar si los actos del gobernador configuran delitos que ameriten sanciones penales, mientras la Contraloría deberá evaluar si hubo uso indebido de recursos o abuso de autoridad. Al mismo tiempo, el Consejo Regional de La Libertad se verá obligado a pronunciarse sobre un tema que compromete la institucionalidad y la legitimidad de la gestión regional.
