La violencia que azota a la provincia de Pataz sigue dejando episodios que reflejan la magnitud del crimen organizado en la región La Libertad. El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra Juan Carlos Crispín Meza (23) y Jerson Javier Adanaque Naquiche (32), quienes fueron capturados con un arsenal en circunstancias que comprometen incluso a instituciones del Estado.
De acuerdo con la Fiscalía, ambos sujetos fueron intervenidos durante un operativo conjunto del Comando Unificado Pataz, en el marco del estado de emergencia que rige en la zona. El hallazgo más alarmante fue que, al momento de la detención, Adanaque portaba un fusil marca HKG3, calibre 7.62 x 51, que pertenece a la Policía Nacional del Perú (PNP).
El otro detenido, Crispín, fue encontrado con una pistola Glock con el número de serie limado, abastecida con 11 municiones y otra cacerina con 12 balas. La procedencia del fusil policial ha encendido las alarmas dentro de la propia institución, pues la Región Policial La Libertad ya abrió una investigación paralela para determinar cómo un arma de dotación oficial terminó en manos de presuntos delincuentes.
La jueza a cargo del caso, tras evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía Provincial Mixta de Pataz, concluyó que existía un grave peligro procesal y suficientes indicios de la comisión del delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, lo que justificaba la prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Este caso reaviva el debate sobre la pérdida, desvío y tráfico de armas de las propias instituciones del orden hacia organizaciones criminales, un problema que ha sido advertido en varias regiones del país. La Fiscalía no descarta que este hallazgo se relacione con redes que abastecen a bandas vinculadas a la minería ilegal, una de las principales fuentes de violencia en la sierra liberteña.
La prisión preventiva de Crispín y Adanaque busca asegurar el curso de las investigaciones, pero la interrogante más grande persiste: ¿cómo un fusil policial terminó en poder de un presunto extorsionador? Mientras tanto, la población de Pataz sigue exigiendo resultados concretos y mayor control sobre el uso y resguardo del armamento institucional.
