Un informe de la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la ejecución del megaproyecto de la quebrada San Ildefonso, ubicado en el distrito de El Porvenir (Trujillo), obra clave para prevenir inundaciones como las que devastaron la ciudad durante el Fenómeno de El Niño Costero de 2017.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 12177-2025, estas anomalías habrían causado un perjuicio económico al Estado de S/ 16.3 millones, involucrando a dos funcionarios y tres servidores de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), quienes enfrentarían presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas.
Irregularidades detectadas
El órgano de control detectó que funcionarios del ANIN suscribieron un acuerdo con el contratista sin sustento técnico ni respaldo contractual, e incluso contradiciendo los propios informes del equipo técnico interno.
Este acuerdo permitió reconocer 162 días adicionales para la entrega del diseño final del megaproyecto, lo que derivó en la inaplicación de penalidades por S/ 1.9 millones.
Además, el contratista obtuvo una ampliación de 145 días para culminar las obras, recibiendo pagos e intereses adicionales.
Durante la ejecución de una de las estructuras principales, la Contraloría identificó que el contratista volvió a conseguir una extensión de 203 días y un pago adicional de S/ 25.8 millones, de los cuales S/ 7.1 millones ya fueron desembolsados indebidamente, constituyendo un perjuicio directo para el Estado.
Problemas técnicos y sobrecostos
El informe también advierte que se aprobaron modificaciones por S/ 3.9 millones bajo el argumento de implementar una “alternativa técnica” frente al riesgo de deslizamientos en la zona.
Sin embargo, la Contraloría precisó que dichos riesgos pudieron evitarse si los estudios preliminares se hubieran realizado sobre el eje correcto del proyecto, revelando fallas graves en la fase de planificación.
Otro hallazgo fue el pago irregular de S/ 3.4 millones por “ajustes de precios” debido a condiciones geotécnicas diferentes a las previstas en el diseño original del túnel, problema que también habría sido prevenible con estudios técnicos adecuados.
En conjunto, estas irregularidades evidencian una cadena de decisiones técnicas y administrativas deficientes que afectaron el avance y el costo de la obra.
Acciones legales en curso
Ante los hallazgos, la Contraloría derivó el informe a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, para el inicio de las acciones legales correspondientes.
El caso ahora se encuentra bajo evaluación del Ministerio Público, que deberá determinar si hubo negligencia, colusión o actos de corrupción en la gestión del proyecto.
Una obra vital en riesgo
Los trabajos en la quebrada San Ildefonso son considerados una de las intervenciones más importantes del Estado en Trujillo, ejecutados bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno, con el objetivo de controlar los flujos pluviales y evitar que las aguas afecten zonas urbanas de El Porvenir, Florencia de Mora, Trujillo y Víctor Larco Herrera.
El megaproyecto busca canalizar las aguas hacia el río Moche para su descarga final en el mar, mitigando el riesgo de colapsos e inundaciones que podrían afectar a miles de familias trujillanas.
Sin embargo, los retrasos y sobrecostos detectados ponen en entredicho su eficiencia y transparencia.
Voces expertas
Ingenieros y urbanistas consultados advirtieron que la mala gestión de los estudios técnicos y la falta de supervisión efectiva pueden comprometer la seguridad estructural de las obras.
“San Ildefonso no puede ser otro elefante blanco. Esta infraestructura es fundamental para la seguridad de Trujillo, y las fallas técnicas o administrativas deben ser sancionadas sin contemplaciones”, afirmó un especialista en gestión hídrica local.

