La Municipalidad Provincial de Trujillo vuelve a enfrentar un nuevo escándalo que golpea la ya cuestionada gestión del alcalde Mario Reyna Rodríguez. Según documentos a los que accedió este medio, el burgomaestre ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo de turno por los presuntos delitos de omisión de denuncia y encubrimiento real en el caso que involucra a la subgerenta de Seguridad Ciudadana y Comercio Informal, Ana Rosa Vásquez Ugaz.
La acusación fiscal sostiene que el alcalde habría evitado cumplir con su obligación legal de comunicar al Ministerio Público un presunto acto irregular protagonizado por su funcionaria de confianza. De acuerdo con la denuncia, Vásquez Ugaz habría utilizado oficinas y ambientes municipales para celebrar su cumpleaños el pasado 3 de noviembre, en horario laboral y acompañada de trabajadores de la misma dependencia.
Una fiesta en la municipalidad: el origen del caso
La información sobre esta presunta celebración se difundió inicialmente en redes sociales y posteriormente fue confirmada por fuentes internas. La subgerenta habría organizado un pequeño convivio dentro de su oficina, en pleno horario de trabajo, lo que implica —según la denuncia— un uso indebido de recursos públicos y una vulneración directa a principios de ética y función pública.
Pese a ello, el alcalde Mario Reyna, lejos de disponer una investigación inmediata o elevar el caso ante el Ministerio Público, habría restado importancia al hecho. Una publicación de la página “Pandemonio” recogió la declaración del propio burgomaestre:
“No voy a hacer nada. Es una exageración”, respondió al ser consultado.
Esta postura ha sido interpretada por el ciudadano denunciante como una conducta omisiva y encubridora, pues Reyna tenía la obligación de informar cualquier presunta irregularidad o delito cometido por funcionarios públicos bajo su administración.
¿Por qué se denuncia al alcalde? Marco legal y posibles sanciones
La denuncia detalla que tanto la omisión deliberada como el encubrimiento real están tipificados en el Código Penal peruano. En ambos casos, se sanciona a los funcionarios que, conociendo la existencia de un presunto delito, deciden no denunciarlo o ayudan a encubrirlo.
La responsabilidad del alcalde radica en su deber funcional:
- Debió comunicar el hecho a la autoridad fiscal.
- Debió iniciar una acción disciplinaria interna contra la subgerenta involucrada.
- No puede calificar como “exageración” un acto que podría constituir un ilícito penal.
Según el Código Penal, esta conducta puede representar una pena no menor de dos ni mayor de cuatro años de prisión, además de eventuales sanciones administrativas y de control de la Contraloría.
Implicancias éticas y políticas para la gestión de Mario Reyna
La permanencia de Ana Rosa Vásquez Ugaz en el cargo, pese a la acusación, agrava la situación política del municipio. En un contexto de creciente desconfianza ciudadana y múltiples cuestionamientos sobre el manejo de recursos municipales, este caso podría convertirse en un punto crítico para la gestión edil.
Especialistas en gobernanza pública consultados advierten que:
- Un funcionario de confianza que utiliza recursos municipales para fines personales quiebra el principio de legalidad administrativa.
- La falta de acción del alcalde abre la puerta a una posible investigación por negligencia grave en la función pública.
- La ausencia de medidas correctivas mina la credibilidad institucional y expone a la municipalidad a responsabilidades legales adicionales.
Este caso podría, además, activar instancias de fiscalización del Concejo Municipal, la Contraloría General y la Procuraduría Pública Municipal.
El denunciante: identidad reservada, argumentos sólidos
El ciudadano que presentó la denuncia solicitó que su identidad se mantenga en reserva por motivos de seguridad. Sin embargo, su escrito es claro y fundamentado jurídicamente:
- Señala que el comportamiento de la subgerenta constituye una falta grave.
- Indica que la actitud del alcalde configura una acción omisiva tipificada penalmente.
- Exige que el Ministerio Público investigue a ambos funcionarios.
La denuncia pide expresamente que se evalúe la responsabilidad del alcalde por no interponer la denuncia penal obligatoria contra Vásquez Ugaz.
Un caso que podría marcar un precedente
Si la Fiscalía decide abrir una investigación preliminar, este caso podría convertirse en un precedente en la región respecto al manejo de responsabilidad funcional de autoridades municipales. Además, abriría una discusión necesaria sobre el uso indebido de bienes públicos y la tolerancia de estas prácticas en instituciones que deben garantizar transparencia.
Mientras tanto, la gestión de Mario Reyna enfrenta un nuevo episodio que podría impactar directamente en su estabilidad política y su relación con la ciudadanía.
