La provincia de Santiago de Chuco volvió a ser escenario de un grave caso de violencia sexual contra menores, luego de que el Poder Judicial dictara cadena perpetua contra Edwin Danilo Carlos Valderrama, hallado responsable del delito de violación sexual en agravio de una niña de 11 años. La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco, representada por el fiscal provincial Danny Joel Gamboa Anticona.
El caso, según la carpeta fiscal, se remonta al 23 de septiembre de 2024, cuando el acusado estableció contacto con la menor mediante mensajes enviados vía WhatsApp. Aprovechando la ausencia de supervisión adulta y la cercanía con su domicilio, concertó un encuentro y condujo a la niña hacia una pampa ubicada en las inmediaciones del caserío de Chulite, donde ocurrieron los hechos. La Fiscalía sustentó su acusación a partir de mensajes de texto, el testimonio de la víctima y pericias psicológicas y médicas.
Un año después, el 24 de septiembre de 2025, Valderrama volvió a comunicarse con la menor. Esta reiteración permitió que el progenitor de la víctima detectara la situación y decidiera intervenir. Haciéndose pasar por la niña, acordó un encuentro con el acusado, lo que permitió su retención mediante arresto ciudadano alrededor de las 19:25 horas. Valderrama fue entregado inmediatamente a la Policía Nacional, dando inicio a las diligencias preliminares.
Durante el proceso, el Ministerio Público presentó elementos considerados determinantes para acreditar el delito: registros de comunicación, entrevista única a la víctima bajo cámara Gesell, informes periciales y la intervención policial en flagrancia. Con base en estas pruebas, el juzgado dispuso la pena de cadena perpetua y ordenó el pago de S/ 10 000 por reparación civil a favor de la agraviada.
El sentenciado fue recluido en el establecimiento penitenciario de varones El Milagro, en Trujillo.
La Fiscalía recordó que los delitos sexuales contra menores de edad constituyen uno de los tipos penales con sanción más alta en el Código Penal peruano, y que los procesos en zonas rurales suelen enfrentar limitaciones derivadas del difícil acceso geográfico y la falta de denuncias oportunas.
Este caso se suma a otros registrados en la región La Libertad y evidencia, según operadores del sistema de justicia, la necesidad de fortalecer la prevención, la educación sexual integral y los mecanismos de detección temprana en comunidades alejadas, donde factores como la confianza vecinal, la ausencia de servicios básicos y el acceso restringido a internet pueden agravar la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes.
