El exgerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Manuel Morillo Arqueros, afronta una detención preliminar por presuntos vínculos con la red de corrupción en torno a la empresa Frigoinca, el programa Qali Warma y el dirigente político Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador César Acuña. Sin embargo, a través de su abogado, Morillo decidió responder públicamente a las versiones que circularon en medios nacionales y que lo señalaban como beneficiario de un “soplo” para evadir su captura.
La República publicó que tanto él como Óscar Acuña habrían sido alertados del operativo fiscal, lo que explicaría la aparente calma con la que fue intervenido. Morillo asegura que esa afirmación es falsa. “Afronto este proceso desde el primer día”, afirma el exfuncionario, quien niega de forma categórica haber recibido advertencia alguna o haber buscado ayuda política para evitar su detención.
“No recibí ninguna llamada. No coordiné con Óscar Acuña”
En su versión, Morillo insiste en que no mantuvo comunicación con Óscar Acuña Peralta ni con personas allegadas a Alianza para el Progreso (APP) en los días previos a la intervención. También rechaza haber tenido contacto con familiares del exgobernador en Lima o Trujillo.
Sostiene que su conducta serena durante el allanamiento no responde a haber sido alertado, sino a una recomendación de su abogado. Tres días antes, relata, un vehículo se estacionó de manera sospechosa cerca de su vivienda. Su defensa le sugirió actuar con prudencia y prepararse ante un posible procedimiento policial, algo que —afirma— “no implica ninguna coordinación irregular”.
El trasfondo del caso: detención preliminar, filtraciones y contradicciones fiscales
Morillo fue detenido en el marco de la Carpeta Fiscal 23-2025, que investiga presuntos actos de corrupción en la Gerencia Regional de Salud, sobornos de Frigoinca y tráfico de influencias atribuido a Óscar Acuña. Sin embargo, el exgerente asegura que la Fiscalía incurrió en graves inconsistencias.
Según su relato, el 3 de noviembre de 2025 acudió personalmente a consultar la Carpeta Principal 01-2025 para saber si era investigado. Le habrían informado que no existía proceso en su contra. Quince días después sería detenido bajo una orden judicial que vinculaba esa misma carpeta con las N.º 16-2025 y 23-2025, lo cual —según su defensa— afectó su derecho constitucional a la defensa.
Su abogado calificó de “construcción narrativa” la información difundida en medios, sosteniendo que la filtración de presuntos datos fiscales buscó justificar la medida de detención preliminar. Una estrategia que, afirma Morillo, “se ha vuelto recurrente” y apunta a preparar el terreno para un posterior pedido de prisión preventiva.
“No hay peligro de fuga; me presenté voluntariamente”
Morillo también cuestiona los fundamentos de la resolución judicial que ordenó su detención. Sostiene que el juez reconoció que no existía riesgo de fuga, pero aun así se argumentó un supuesto peligro de obstaculización sin detallar hechos concretos.
El exgerente asegura que permaneció en su domicilio, acudió a consultar la carpeta fiscal y nunca intentó salir de la ciudad, contradiciendo la versión periodística que sugería que APP lo habría convencido de no fugarse a cambio de apoyo.
El exfuncionario también expresó su malestar por la difusión de imágenes suyas durante el operativo. Según su abogado, solicitaron expresamente al fiscal cumplir con las disposiciones del Tribunal Constitucional que impiden exponer el rostro de un detenido si no es estrictamente necesario. Pese a ello, trabajadores del área de imagen institucional registraron y difundieron fotografías.
Para Morillo, este tipo de exposición pública contribuye a reforzar prejuicios y “crea un escenario procesal adverso antes de que se evalúen pruebas reales”.
Un llamado a la prensa: “Verifiquen antes de publicar”
En la parte final de su pronunciamiento, el exgerente pide a los medios de comunicación comprobar la información antes de replicarla. Sostiene que versiones “tendenciosas” pueden alimentar la idea de que existe peligro procesal, influyendo en las decisiones judiciales aún pendientes.
“Mi caso debe enfrentarse sin injerencias políticas ni presión mediática”, sostiene.
