El Gobierno Regional de La Libertad cerró el año con una ejecución presupuestal que, sobre el papel, parece positiva: 89.5% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) destinado a obras, según cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, detrás de ese porcentaje que ha sido difundido como un logro de gestión, especialistas y analistas advierten que el dato no refleja necesariamente una mejora real en inversión ni en desarrollo regional.
De acuerdo con el Portal Amigable del MEF, el GORE La Libertad ejecutó S/ 650 millones de un PIM de S/ 726 millones, lo que permitió a la región salir de los últimos lugares del ranking nacional de ejecución. No obstante, el debate surge al revisar cómo y desde dónde se llegó a esa cifra.
Transferencias y recortes que inflan la ejecución
Durante gran parte del año, cuando César Acuña aún ejercía como gobernador regional, el presupuesto inicial (PIA) del GORE ascendía a S/ 1,072 millones. Ese monto fue posteriormente reducido de manera significativa hasta convertirse en el PIM actual.
Para el director del Instituto Peruano de Comunicación Política, Richard Tapia Maldonado, este ajuste explica buena parte del alto porcentaje de ejecución. En mayo se transfirieron S/ 126 millones a municipalidades provinciales y distritales para la ejecución de 52 obras, y en octubre —poco antes de la renuncia de Acuña para iniciar su carrera electoral— se destinaron S/ 3.4 millones adicionales a centros poblados.
Estas transferencias, aunque legales, redujeron el presupuesto regional directo, haciendo que el porcentaje de ejecución luzca más alto. “Es una cifra que debe analizarse con lupa, porque no necesariamente significa más obras regionales ni mayor impacto”, coinciden los especialistas.
La “media verdad” del gasto público
El analista político y docente de la Universidad Nacional de Trujillo, Miguel Rodríguez Albán, sostiene que la reducción del PIA es, en sí misma, una señal negativa. “Los presupuestos deberían incrementarse para proyectos de alto impacto en salud, educación e infraestructura. Cuando se reducen, generalmente es porque se transfieren recursos o se reorientan a gastos corrientes”, explicó.
Rodríguez añade que el verdadero análisis debe hacerse contrastando la ejecución presupuestal con el Plan de Desarrollo Regional. En ese cruce, advierte, pueden encontrarse serias inconsistencias entre lo que se prometió y lo que efectivamente se ejecutó.
Hospitales paralizados y promesas incumplidas
Uno de los ejes discursivos más reiterados por César Acuña y la actual gobernadora Joana Cabrera ha sido convertir a La Libertad en la “capital de la salud”. Sin embargo, los principales proyectos hospitalarios muestran avances mínimos o están paralizados.
El contrato del Hospital Santa Isabel (El Porvenir), valorizado en más de S/ 124 millones, fue recientemente anulado. El Hospital Elpidio Berovides Pérez (Otuzco), con un presupuesto superior a S/ 113 millones, apenas registra 1.8% de avance, pese a que el contrato se firmó hace un año. A ello se suma el Hospital de Virú, valorizado en S/ 194 millones, paralizado desde octubre por falta de supervisión.
Estos datos refuerzan la tesis de que una alta ejecución presupuestal no necesariamente se traduce en obras concluidas ni en mejoras tangibles para la población.
La respuesta oficial
Desde el Ejecutivo regional, el gerente general Rogger Ruiz Díaz reconoció que se realizaron modificaciones al presupuesto inicial, pero aseguró que respondieron a necesidades urgentes. “Se redistribuyó dinero de inversión hacia gastos corrientes en salud y educación. Todo está dentro del marco legal”, afirmó, descartando que los ajustes se hayan hecho con el objetivo de mejorar artificialmente la ejecución.
Más allá del porcentaje
El caso del GORE La Libertad vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la gestión pública peruana: ejecutar más no siempre significa invertir mejor. Para los especialistas, el verdadero indicador de éxito no está en el porcentaje, sino en la coherencia entre presupuesto, planificación y resultados concretos.
Mientras tanto, hospitales inconclusos, proyectos paralizados y metas regionales postergadas contrastan con un número que, aunque atractivo en los informes oficiales, sigue siendo cuestionado por quienes analizan el fondo y no solo la forma del gasto público.
