Piden auditoría a las armas de la Policía en Trujillo ante sospechas de desvío a bandas criminales

La escalada de violencia y criminalidad que atraviesa Trujillo ha encendido las alertas en el ámbito político regional. El vicegobernador de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, solicitó públicamente al Ministerio del Interior y a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú la realización de auditorías periódicas al armamento policial, con el objetivo de descartar un eventual desvío de armas y municiones hacia organizaciones criminales.

El planteamiento surge en medio de una creciente preocupación por el nivel de sofisticación que muestran las bandas delictivas que operan en Trujillo, las cuales no solo emplean armas de fuego de alto calibre, sino también explosivos y tecnología avanzada para ejecutar atentados extorsivos y ataques coordinados.

Inversión millonaria sin resultados visibles

Cadenillas recordó que, en los últimos años, el Gobierno Regional de La Libertad ha destinado más de 100 millones de soles en logística, vehículos, drones y equipamiento para fortalecer a la Policía. Sin embargo, los resultados en la lucha contra el crimen organizado no estarían a la altura de dicha inversión.

“Lo que preocupa es que, pese a todo el apoyo económico y logístico, pareciera que la delincuencia mantiene el control en la ciudad. Eso obliga a preguntarnos qué está fallando y si todo el armamento policial está realmente donde debe estar”, advirtió el vicegobernador.

Desde su perspectiva, resulta llamativo que los grupos criminales cuenten con mayor poder de fuego y recursos tecnológicos que los efectivos encargados de combatirlos, una situación que, según indicó, debe ser aclarada con absoluta transparencia.

Auditorías trimestrales y control interno

El funcionario regional propuso que se dispongan inventarios y auditorías de armas y municiones al menos cada tres meses en todas las comisarías y unidades policiales de Trujillo y la región. La finalidad, explicó, es prevenir que “malos elementos dentro de la institución” puedan estar facilitando armamento a las organizaciones criminales.

“Estos controles deben ser permanentes y rigurosos. Solo así se podrá descartar que pistolas, fusiles o municiones estén terminando en manos del hampa”, subrayó.

Especialistas en seguridad coinciden en que los sistemas de control interno son una pieza clave en contextos de alta criminalidad, ya que el desvío de armas oficiales hacia el mercado ilegal puede potenciar significativamente la capacidad operativa de las bandas.

Cuestionamientos al área de Inteligencia

Cadenillas también pidió al jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, el general PNP Franco Moreno Panta, adoptar una posición más firme frente al crimen organizado y evaluar el desempeño del personal de Inteligencia.

Recordó que en el pasado ya se había solicitado el cambio de equipos en dicha área, pero cuestionó si los nuevos agentes están obteniendo los resultados esperados.

“La delincuencia les está ganando la partida. Hay que exigir resultados concretos: capturas de cabecillas, desarticulación de bandas y prevención efectiva de atentados”, enfatizó.

Atentados con dinamita y enfoque penal

El vicegobernador calificó los recientes ataques con explosivos contra locales comerciales y centros de diversión nocturna como “actos terroristas”, al considerar que buscan generar pánico colectivo y someter a la población mediante el miedo.

En ese sentido, solicitó que el Ministerio Público investigue estos hechos bajo ese enfoque penal, con sanciones más severas y estrategias especializadas para enfrentar este tipo de violencia organizada.

Un llamado a la transparencia y a resultados

El pedido de auditorías a las armas policiales se suma a una serie de reclamos de autoridades locales y regionales que exigen mayor eficacia, control interno y transparencia en la lucha contra el crimen en Trujillo.

Mientras la ciudad enfrenta una de las etapas más complejas en materia de seguridad ciudadana, la demanda de respuestas concretas se vuelve cada vez más urgente, tanto para recuperar la confianza de la población como para evitar que el poder delictivo siga creciendo.

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