La Municipalidad Distrital de Huanchaco vuelve a estar en el centro del escrutinio público. Un reciente informe de la Contraloría General de la República advierte un presunto sobrecosto de S/ 12,870 en la adquisición de sillas de ruedas destinadas a la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped), durante la gestión del alcalde Efraín Bueno Alva.
De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 002-2026-OCI/2028-AOP, el órgano de control detectó que la Unidad de Logística y Control Patrimonial solicitó cotizaciones únicamente a tres proveedores que mantenían contratos previos con la municipalidad, sin considerar otras ofertas disponibles en el mercado que resultaban económicamente más favorables.
Los proveedores invitados fueron Samaal, representada por Willy Joel Cuba Rodríguez; Farma Salud J&S S.A.C.; y JRPerú, de Jimy Avelino Rodríguez García. Finalmente, se seleccionó la cotización presentada por este último, por un monto de S/ 37,770.
Sin embargo, al realizar la verificación de precios en el mercado con las mismas especificaciones técnicas requeridas por la comuna, la Contraloría solicitó información a otras empresas del rubro médico, como Gbiomédica Importaciones S.A.C., Plaza Medic, Ortopedia Más Vida y Mundo Médico, cuyos presupuestos resultaron significativamente menores.
Tras el análisis comparativo, el menor precio cotizado fue de S/ 24,900, lo que evidencia una diferencia de S/ 12,870 respecto al monto contratado por la municipalidad. Esta brecha económica ha sido considerada por el órgano de control como un presunto sobrecosto en la adquisición de los bienes.
La compra comprendía 34 sillas de ruedas metálicas —32 para adultos y dos para niños—, cinco sillas pediátricas para personas con daño neurológico y otras cinco para adultos con el mismo diagnóstico. Se trata de equipos destinados a personas en situación de vulnerabilidad, lo que agrava la preocupación sobre el uso eficiente de los recursos públicos.
Uno de los principales hallazgos del informe es que el personal responsable no amplió la búsqueda de proveedores ni promovió mayor competencia en el proceso, limitándose a empresas con antecedentes contractuales con la comuna. Esta práctica, según especialistas en gestión pública, puede afectar los principios de economía y eficiencia que rigen las contrataciones del Estado.
El caso abre un nuevo debate sobre los mecanismos de control interno en las municipalidades distritales de La Libertad y sobre la transparencia en las adquisiciones destinadas a programas sociales como Omaped, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.
Por ahora, la Contraloría ha dejado constancia del hallazgo y corresponde a las instancias administrativas y eventualmente a la Fiscalía evaluar responsabilidades. Mientras tanto, el informe se suma a la lista de observaciones que alimentan la discusión sobre la gestión municipal en Huanchaco y el manejo de los recursos públicos.
