La crisis del agua en Alto Trujillo vuelve al centro del debate público. El presidente de las Juntas Vecinales de este centro poblado, Ever Acosta Aguilar, denunció públicamente al alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez por —según afirma— haber brindado información falsa respecto a la firma de un nuevo convenio para garantizar el abastecimiento de agua en cisternas.
Alto Trujillo agrupa a más de 100 mil pobladores, muchos de los cuales no cuentan con conexiones formales de agua potable ni desagüe. Para ellos, el servicio a través de camiones cisterna representa la única alternativa frente a la escasez del recurso.
La reunión y la promesa
De acuerdo con Acosta, en una reunión sostenida recientemente con el alcalde de Trujillo, los dirigentes solicitaron soluciones urgentes ante el desabastecimiento. En ese contexto, el burgomaestre habría llamado a directivos de SEDALIB, quienes le informaron que un nuevo convenio con el Ministerio de Vivienda estaría listo para firmarse en los próximos días.
Con esa información, el alcalde aseguró a los representantes vecinales que el abastecimiento estaba garantizado y que pronto se regularizaría la distribución de agua en cisternas para aproximadamente la mitad de la población que carece del servicio.
La verificación en el Ministerio
Sin embargo, al día siguiente, Ever Acosta y otros dirigentes acudieron a la oficina del Ministerio de Vivienda en Trujillo para verificar la información. Según el dirigente, allí les comunicaron que no existe convenio vigente y que, además, no sería posible firmar uno nuevo debido a las exigencias normativas del programa nacional.
El principal requisito, indicaron, es que la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) haya ejecutado al menos el 50% del presupuesto anual asignado para poder renovar el convenio. En el caso de SEDALIB, sostienen los dirigentes, la ejecución habría sido inferior al 15% de un presupuesto superior al millón 300 mil soles asignado para el año 2025.
Señalamientos a la gestión de SEDALIB
Acosta atribuye esta situación a una gestión que califica de ineficiente e incapaz, señalando directamente a la administración que preside Frank Sánchez Romero en SEDALIB.
Según el dirigente, la baja ejecución presupuestal habría dejado sin sustento técnico la posibilidad de renovar el convenio, condenando a miles de familias de Alto Trujillo a continuar sin acceso regular al agua potable.
Una población que sigue esperando
Mientras el cruce de versiones continúa, la realidad en Alto Trujillo no cambia: cientos de familias dependen de cisternas informales que venden el agua a precios elevados, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
La denuncia plantea preguntas clave:
- ¿Se informó correctamente a la población sobre la viabilidad del convenio?
- ¿Cuál es el nivel real de ejecución presupuestal de SEDALIB?
- ¿Qué medidas inmediatas adoptará la Municipalidad Provincial de Trujillo para evitar un mayor desabastecimiento?
La crisis del agua en Alto Trujillo no es nueva, pero el conflicto político actual vuelve a evidenciar la fragilidad de la gestión del servicio en una zona donde el acceso al agua potable sigue siendo una deuda pendiente.
