El Gobierno Regional de La Libertad inició una evaluación interna tras el informe de la Contraloría General de la República que detectó presuntos pagos indebidos a 79 trabajadores del Proyecto Especial Chavimochic (PECh) por concepto de asignación familiar.
La alerta fue consignada en el Informe de Orientación de Oficio N.° 005-2026-OCI/0608-SOO, donde el órgano de control advierte que la entidad habría efectuado pagos a funcionarios y servidores que no acreditaron documentalmente cumplir con los requisitos exigidos para recibir ese beneficio laboral.
Según la Contraloría, 47 trabajadores no presentaron documentación que sustente tener hijos menores de 18 años bajo su responsabilidad, mientras que otros 32 servidores no acreditaron que sus hijos mayores de edad continúen estudios superiores o universitarios, condición necesaria para mantener la asignación en determinados casos.
El informe advierte que esta situación podría generar un perjuicio económico para la entidad.
Frente a ello, el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruiz, confirmó que ya se encuentra en marcha la revisión del caso y no descartó acciones legales si se confirma la irregularidad.
En declaraciones brindadas a medios locales, el funcionario sostuvo que, de corroborarse los hallazgos, se denunciará civil y penalmente a quienes autorizaron los pagos observados.
Ruiz señaló además que no se permitirá el uso indebido de recursos públicos y remarcó que quienes incumplen la normativa deben asumir responsabilidades administrativas y judiciales.
El documento de la Contraloría fue remitido previamente al gerente de Chavimochic, Jhon Cabrera Carlos, a quien se le solicitó informar sobre las acciones correctivas o preventivas adoptadas ante los hechos detectados.
El caso vuelve a poner bajo observación al Proyecto Especial Chavimochic, una de las entidades más estratégicas de la región, vinculada al desarrollo agrícola, irrigación y generación de empleo en La Libertad.
Mientras tanto, se espera que en los próximos días se conozca si los pagos serán recuperados, si habrá sanciones internas o si el caso será trasladado al Ministerio Público.
