Nuevas denuncias por presuntas irregularidades alcanzaron al Gobierno Regional de La Libertad. El Consejo Regional acordó iniciar investigaciones sobre supuestos pagos indebidos, designaciones cuestionadas y contrataciones presuntamente irregulares en distintas dependencias de la administración regional.
Durante una sesión extraordinaria, el pleno aprobó por mayoría derivar los casos a las comisiones ordinarias de Educación y de Desarrollo Social, que tendrán un plazo de 60 días para revisar la documentación, solicitar descargos y emitir informes con conclusiones.
La decisión abre un nuevo frente político y administrativo dentro del Gobierno Regional, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor control del gasto público, transparencia en contrataciones y meritocracia en el acceso a cargos.
Denuncias en la Gerencia Regional de Educación
Uno de los principales casos involucra a la Gerencia Regional de Educación. Según se informó ante el pleno, el ciudadano Javier Carrión Ojeda presentó acusaciones sobre presuntos pagos y cobros indebidos en planillas de activos y planillas adicionales correspondientes a diciembre de 2024 y enero de 2025, vinculados a una servidora de dicha dependencia.
Además, el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, Manuel Ruiz Briones, denunció a funcionarios de la UGEL Pacasmayo por la presunta designación irregular de Janeth Roxana Rivera Arias como responsable de abastecimiento.
De acuerdo con la acusación, la funcionaria no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo, al no contar presuntamente con título profesional ni la experiencia necesaria.
También se pidió revisar una denuncia por presunto abuso de autoridad formulada por la ciudadana Ana Honorio Ruiz contra un funcionario de la UGEL 3.
Comisión de Educación asumirá pesquisas
Todos estos casos fueron enviados a la Comisión de Educación del Consejo Regional, presidida por la consejera Lorena Carranza.
El consejero Frank Solórzano sostuvo que el grupo de trabajo deberá verificar si las denuncias tienen sustento y reunir evidencias suficientes para determinar responsabilidades administrativas o recomendar otras acciones.
El resultado de esta investigación podría derivar en pedidos de sanción, remisión de informes a órganos de control o nuevas denuncias ante entidades competentes.
Acusaciones en Desarrollo e Inclusión Social
Las denuncias no se limitaron al sector educación. También se expusieron cuestionamientos en la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.
El dirigente Manuel Ruiz denunció ante el Consejo a la gerenta Julia Soto Deza, a la subgerenta Yris Bocanegra Rodríguez y a la promotora social María Bustamante Merino por una presunta contratación irregular.
Según la acusación, las funcionarias habrían permitido que Bustamante labore en la entidad sin cumplir, presuntamente, con el perfil mínimo requerido.
Este expediente fue derivado a la Comisión de Desarrollo Social, que también contará con 60 días para investigar.
Control político y tensión institucional
El acuerdo del Consejo Regional refleja el rol fiscalizador que tienen los consejeros frente a la gestión regional. En la práctica, estas investigaciones pueden generar tensión política si se confirman observaciones graves en áreas sensibles como educación y programas sociales.
Las denuncias llegan en un momento en que la opinión pública observa con mayor atención el uso de recursos públicos, especialmente en sectores que administran personal, compras y servicios dirigidos a la población.
¿Qué puede pasar ahora?
En los próximos dos meses, las comisiones deberán recopilar documentos, citar a funcionarios, revisar expedientes laborales y contrastar versiones.
Si encuentran indicios sólidos, podrían recomendar acciones administrativas, disciplinarias o incluso remitir los hallazgos a Contraloría o Ministerio Público.
Por ahora, el Consejo Regional ha dado una señal clara: las denuncias no quedarán archivadas sin revisión.
