Una nueva denuncia penal vuelve a colocar a la minería formal, el proceso de formalización minera y la actuación del Estado en el centro del debate nacional. La asociación EQUIDAD presentó ante la Fiscalía de la Nación una denuncia contra la empresa minera Poderosa, sus principales directivos y funcionarios vinculados al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), por presuntos delitos relacionados con organización criminal, minería ilegal agravada, tráfico ilícito de minerales y contaminación ambiental.
El caso se desarrolla en medio de una creciente tensión en torno al REINFO, los conflictos por concesiones mineras en Pataz y las acusaciones cruzadas entre grandes empresas y pequeños mineros en proceso de formalización.
¿Qué denuncia EQUIDAD contra Minera Poderosa?
De acuerdo con la documentación presentada, la asociación sostiene que Minera Poderosa habría utilizado mecanismos administrativos para ampliar y consolidar operaciones mineras bajo la figura de “actividad minera continua”.
Según los denunciantes, este procedimiento habría permitido incorporar concesiones que no cumplirían con los requisitos legales establecidos para acceder a dicha condición.
EQUIDAD señala que algunas de estas concesiones fueron otorgadas después del año 2001 y otras no contarían con certificación ambiental suficiente al momento de integrarse a los planes de minado de la empresa.
La denuncia afirma que estas acciones habrían afectado directamente a pequeños mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), quienes actualmente enfrentan procesos de exclusión y pérdida de espacios de explotación.
Funcionarios del MINEM también fueron incluidos en la denuncia
El documento presentado ante la Fiscalía también involucra a funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas.
La asociación EQUIDAD sostiene que desde el aparato estatal se habrían emitido resoluciones, informes y criterios administrativos favorables a la minera.
Según la denuncia, estos actos habrían facilitado la ampliación operativa de Poderosa y generado ventajas frente a pequeños productores mineros que buscan formalizarse.
El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la relación entre grandes empresas extractivas y entidades públicas encargadas de regular y fiscalizar el sector minero.
REINFO y conflictos mineros en Pataz vuelven al centro del debate
La denuncia aparece en un momento especialmente delicado para la provincia de Pataz, en La Libertad, donde la violencia asociada a la minería ilegal y las disputas por vetas auríferas mantienen en alerta a las autoridades.
En los últimos meses se han reportado secuestros, asesinatos, ataques armados y enfrentamientos entre organizaciones criminales vinculadas al control de socavones y zonas de explotación minera.
El proceso de formalización minera mediante el REINFO también se encuentra bajo fuerte cuestionamiento debido a presuntas irregularidades, exclusiones y conflictos legales entre empresas y operadores artesanales.
Actualmente, diversas organizaciones sociales, asociaciones de mineros y dirigentes cuestionan el manejo administrativo del proceso de formalización en zonas mineras de La Libertad.
Denuncian presuntos impactos ambientales en zona protegida
Otro de los puntos críticos incluidos en la denuncia es la supuesta presencia de operaciones vinculadas a Minera Poderosa en zonas cercanas al Parque Nacional Río Abiseo.
EQUIDAD advierte posibles afectaciones ambientales dentro de áreas consideradas estratégicas por su valor ecológico y cultural.
La organización sostiene que existirían incumplimientos de compromisos ambientales y riesgos para ecosistemas protegidos.
Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a estos señalamientos específicos.
El poder minero y la fiscalización pública bajo cuestionamiento
La denuncia también plantea un debate más amplio sobre el peso político y económico de las grandes empresas extractivas en el Perú.
Los denunciantes sostienen que existiría una red de influencia que permitiría a representantes empresariales operar con ventajas dentro de instituciones públicas vinculadas al sector minero.
Especialistas recuerdan que el conflicto entre minería formal, minería artesanal y minería ilegal se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad y gobernabilidad en regiones como La Libertad.
La discusión no solo involucra producción minera y economía, sino también control territorial, medio ambiente, violencia criminal y legitimidad institucional.
¿Qué podría pasar ahora?
La Fiscalía de la Nación deberá evaluar la denuncia presentada y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación preliminar.
De confirmarse la apertura de diligencias, podrían solicitarse informes técnicos, administrativos y ambientales relacionados con las concesiones cuestionadas y el proceso de formalización minera.
Mientras tanto, el caso incrementa la presión sobre el Ministerio de Energía y Minas y reabre el debate sobre la transparencia en el manejo del REINFO y la fiscalización minera en el Perú.
