La minería ilegal continúa expandiéndose hacia algunas de las principales reservas naturales, cuencas hidrográficas y áreas protegidas del Perú, generando una creciente preocupación por sus impactos ambientales y sociales. Informes oficiales, operativos fiscales, investigaciones periodísticas y monitoreos satelitales evidencian que esta actividad ya compromete ecosistemas estratégicos en regiones como Arequipa, Puno, Huánuco, Loreto, Junín y Ucayali.
Uno de los casos más preocupantes se registra en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, en Arequipa, donde la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha intervenido campamentos y bocaminas instalados dentro del área natural protegida. Las operaciones ilegales representan un riesgo para los ecosistemas altoandinos y para las fuentes de agua que abastecen a diversas poblaciones.
En Puno, el centro poblado de La Rinconada continúa siendo uno de los principales focos de minería ilegal del país. La extracción aurífera se desarrolla en condiciones precarias y con limitada capacidad de control por parte del Estado, mientras sus efectos alcanzan cabeceras de cuenca y ecosistemas de montaña.
La situación también preocupa en la Reserva Comunal El Sira, ubicada entre Huánuco, Ucayali y Pasco. En esta área protegida y su zona de amortiguamiento se han detectado operaciones mineras clandestinas, tala ilegal, cultivos ilícitos e invasiones de bosques que afectan directamente territorios indígenas amazónicos.
En la misma región de Huánuco, el Área de Conservación Privada Panguana enfrenta el avance de la minería ilegal, actividad que amenaza una de las zonas de mayor biodiversidad del país y ha generado conflictos sociales, además de riesgos para quienes denuncian los daños ambientales.
Loreto constituye otro de los principales escenarios de esta problemática. En el Área de Conservación Regional Alto Nanay–Pintuyacu–Chambira se han identificado dragas y otras infraestructuras utilizadas para la extracción ilegal de oro en la cuenca del río Nanay, principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Iquitos. Aunque las autoridades han ejecutado operativos para destruir maquinaria y embarcaciones ilegales, persiste la preocupación por solicitudes de concesiones mineras sobre esta cuenca, lo que ha sido cuestionado por especialistas debido a la fragilidad ambiental de la zona.
Asimismo, el Parque Nacional Yaguas figura entre los territorios amazónicos vulnerables al avance de la minería aurífera aluvial, mientras que en Junín crece la preocupación por la presión minera sobre el Área de Conservación Regional Huaytapallana. En esta última, el Gobierno Regional anunció que solicitará la exclusión de ocho registros del Reinfo ubicados en la microcuenca del río Yurayacu, debido al riesgo que representan para las fuentes de agua que abastecen al valle del Mantaro.
Especialistas coinciden en que la expansión de la minería ilegal ya no solo afecta zonas de extracción tradicional, sino que avanza sobre reservas naturales, bosques, ríos, cabeceras de cuenca y territorios indígenas de alto valor ecológico. Advierten además que la respuesta del Estado continúa siendo insuficiente frente a una actividad que incrementa la degradación ambiental y fortalece economías ilícitas vinculadas al crimen organizado.
