POR YURI CASTRO
El Ministerio Público reprogramó para el próximo 23 de julio las declaraciones indagatorias del director de la Escuela Superior de Formación Artística Pública «Macedonio de la Torre», Víctor Humberto Montenegro Burga, y de los exfuncionarios Manuel Santiago Miranda Parreño y Oscar Siccha Rubio, quienes son investigados por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
Las diligencias forman parte de la investigación preparatoria que se sigue por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa JHARED Consultores S.A.C. para la construcción de una losa deportiva valorizada en S/ 75 mil, obra ejecutada durante el año 2022.
De acuerdo con la disposición fiscal, las declaraciones fueron reprogramadas luego de que anteriores citaciones no pudieran realizarse debido a problemas en las notificaciones. Los investigados deberán acudir acompañados de sus abogados, bajo apercibimiento de ser conducidos compulsivamente por la Policía Nacional en caso de inasistencia injustificada. En el caso de Montenegro Burga y Miranda Parreño, el Poder Judicial les designó defensores públicos al no acreditar defensa técnica particular.
Como parte de las diligencias, el propietario de JHARED Consultores S.A.C., Edwin Alexander Gómez Paredes, también fue citado para rendir declaración testimonial el 20 de julio.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES
La investigación fiscal sostiene que la contratación de la empresa se habría efectuado sin respetar el procedimiento previsto en la Ley de Contrataciones del Estado, pese a que el monto superaba el límite que obligaba a realizar una adjudicación simplificada. Asimismo, se cuestiona que no se habría verificado que la empresa cumpliera con la experiencia mínima y el personal técnico exigido en los términos de referencia.
Según la documentación revisada, inicialmente la obra fue cotizada por S/ 68,900, pero posteriormente el monto se incrementó hasta S/ 75,000 tras la incorporación de nuevos trabajos que, presuntamente, no fueron comunicados a los demás postores para que compitieran en igualdad de condiciones.
La Fiscalía también espera el resultado de una pericia civil, que permitirá establecer si el costo pagado por la construcción de la losa deportiva y una rampa para personas con discapacidad guarda relación con los trabajos ejecutados.
DECLARACIONES CON VERSIONES CONTRADICTORIAS
Uno de los aspectos que analiza el Ministerio Público son las diferencias entre las declaraciones de los propios investigados. Mientras el exadministrador Oscar Siccha Rubio afirmó que la obra contó con un supervisor perteneciente a la empresa DINO Pacasmayo, el director Víctor Montenegro Burga declaró que no se contrató ningún supervisor externo con el propósito de reducir costos y que la supervisión quedó a cargo del personal de la institución. Estas versiones forman parte de los elementos de convicción que la Fiscalía evalúa dentro del proceso.
Mediante una disposición emitida en junio de este año, el Ministerio Público prorrogó la investigación preparatoria por 60 días adicionales, con el objetivo de concluir diligencias pendientes, entre ellas las declaraciones de los investigados, la testimonial del representante de la empresa contratista y la elaboración de la pericia civil.
El proceso continúa bajo la competencia del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, mientras la Fiscalía determina si existió un interés indebido en la contratación cuestionada.
