La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que plantea modificar el Código Penal para incorporar sanciones contra las personas que, durante situaciones de crisis política o conflictos sociales, realicen actos considerados como “apología al delito agravado”.
La iniciativa legislativa es de autoría del diputado Aldo Bravo y contempla sanciones para quienes, mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones u otros espacios de difusión, promuevan, soliciten, alienten, justifiquen o legitimen el uso de medios violentos que puedan poner en riesgo la vida, la integridad física, la seguridad ciudadana o el patrimonio público y privado.
PROPONEN HASTA SEIS AÑOS DE PRISIÓN
De acuerdo con el proyecto, las personas que incurran en esta conducta podrían recibir una pena de entre cuatro y seis años de prisión.
La propuesta señala que la medida alcanzaría a funcionarios y servidores públicos, representantes, dirigentes políticos, sociales o gremiales, líderes de opinión, periodistas, comunicadores, creadores de contenido digital, influencers y otras personas con capacidad de convocatoria pública.
En el caso de funcionarios o servidores públicos, además de la pena privativa de libertad se contempla la posibilidad de imponer una inhabilitación.
El proyecto plantea incorporar el artículo 316-B al Código Penal para establecer una modalidad agravada cuando la instigación o apología se realice a través de medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones u otras actividades de difusión.
Entre las conductas señaladas se encuentra promover o legitimar el empleo de artefactos explosivos, incendiarios, sustancias peligrosas u otros medios que puedan afectar la vida, integridad física, seguridad ciudadana o patrimonio de las personas o del Estado.
La exposición de motivos sostiene que la iniciativa busca sancionar conductas comunicativas que, aunque todavía no impliquen la ejecución material de un delito, podrían incrementar el riesgo de violencia en escenarios de crisis política o conflicto social.
PROYECTO TAMBIÉN ALCANZARÍA A PERIODISTAS
El diputado Aldo Bravo afirmó que la propuesta no pretende restringir la libertad de expresión ni el debate democrático. Sin embargo, reconoció que el texto sí contempla a periodistas y comunicadores dentro de las personas que podrían ser alcanzadas por la norma.
El parlamentario sostuvo que ninguna persona debería tener derecho a instigar o legitimar la comisión de delitos y diferenció entre el ejercicio del derecho a la protesta y los mensajes que promuevan acciones violentas.
La iniciativa legislativa deberá continuar su trámite en el Congreso y ser evaluada por las instancias correspondientes antes de determinarse si avanza hacia su aprobación.
