Una reunión masiva se desarrolló este 26 de agosto en el sector Barro Negro, en Otuzco, ante la preocupación de pobladores y organizaciones locales por una posible afectación ambiental de la laguna San Lorenzo y de las fuentes de agua de la zona debido a actividades mineras.
En el encuentro participaron autoridades locales, dirigentes de rondas campesinas, representantes de canales de riego, organizaciones sociales, así como representantes y asesores vinculados al sector minero.
Uno de los principales acuerdos adoptados fue solicitar el retiro, en un plazo de 72 horas, de las actividades cuestionadas por las organizaciones participantes. Asimismo, se acordó requerir la intervención de diferentes instituciones del Estado para verificar la situación ambiental y determinar si las operaciones denunciadas cumplen con la normativa vigente.
Entre las entidades cuya presencia fue solicitada se encuentran la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Gerencia Regional de Energía y Minas, la Gerencia Regional del Ambiente, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.
Piden investigar posibles actividades mineras
Durante la reunión se informó sobre la existencia de presuntas subconcesiones identificadas como “Princesa” y “Reyna”. Dirigentes también señalaron que determinados trabajos estarían vinculados a integrantes de la familia Ticlia Vera.
Estas afirmaciones corresponden a lo expuesto por los participantes de la reunión y deberán ser verificadas por las autoridades competentes. Hasta que exista un pronunciamiento oficial o resultados de análisis ambientales, no se puede establecer que las actividades señaladas hayan contaminado efectivamente la laguna San Lorenzo.
En el encuentro también participaron representantes y asesores relacionados con empresas y mineros en proceso de formalización, entre ellos Nueva Princesa, BBRH Mining Ambiental y Besago, quienes formaron parte del espacio de diálogo.
Preocupación por la protección del agua
Los asistentes acordaron mantener las coordinaciones para solicitar acciones de fiscalización y proteger las fuentes hídricas de la zona frente a eventuales impactos derivados de las actividades extractivas.
La principal demanda es que los organismos especializados realicen las verificaciones correspondientes para determinar la situación de las operaciones cuestionadas y establecer si existe algún impacto sobre la calidad del agua de la laguna San Lorenzo.
Mientras no se cuente con resultados técnicos, el caso se mantiene como una alerta por posible contaminación ambiental, planteada por las organizaciones y pobladores de la zona.
