Una multitudinaria reunión se desarrolló en Barro Negro ante la preocupación de pobladores y organizaciones por el riesgo de contaminación ambiental y una posible afectación de las fuentes de agua debido a actividades mineras desarrolladas en inmediaciones de la laguna San Lorenzo.
El encuentro congregó a autoridades locales, dirigentes de rondas campesinas, representantes de canales y comisiones de usuarios de agua, organizaciones sociales y representantes vinculados al sector minero.
La jornada comenzó con las palabras del alcalde Eder Quispe Ventura y un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido presidente del canal Tahuantinsuyo. Posteriormente, los participantes expusieron su preocupación por las actividades que se realizan en la zona y plantearon adoptar medidas preventivas antes de que pudiera producirse una afectación ambiental de mayores consecuencias.
Participaron representantes de Barro Negro, Pampa Hermosa Alta, El Huabo, Cushcanday, Coina, Quiruvilca, San Benito, Cuyuchugo, Llaray y Agallpampa, además de integrantes de organizaciones vinculadas a la administración y defensa de los recursos hídricos.
Dan plazo de 72 horas
Uno de los principales acuerdos fue presentar un documento solicitando el retiro, en un plazo de 72 horas, de las actividades cuestionadas por las organizaciones participantes.
Asimismo, acordaron solicitar la intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Fiscalía de Medio Ambiente, la Gerencia Regional de Energía y Minas, la Gerencia Regional del Ambiente, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.
El objetivo es que las entidades competentes intervengan y determinen técnicamente la situación de las actividades mineras y si estas representan algún riesgo para la laguna San Lorenzo y otras fuentes de agua.
Piden verificar presuntas subconcesiones
Durante el encuentro también se informó sobre presuntas subconcesiones denominadas “Princesa” y “Reyna”. De acuerdo con lo manifestado por dirigentes, determinados trabajos estarían vinculados a integrantes de la familia Ticlia Vera.
Los asistentes solicitaron que estas afirmaciones sean investigadas y que las autoridades determinen la situación legal de las actividades señaladas.
Es importante precisar que, con la información proporcionada, no se encuentra acreditada una contaminación efectiva de la laguna San Lorenzo. La denuncia formulada durante la reunión está referida al riesgo de contaminación y requiere verificaciones técnicas de las entidades ambientales correspondientes.
En el espacio de diálogo también participaron representantes y asesores vinculados a empresas y mineros en proceso de formalización, entre ellos Nueva Princesa, BBRH Mining Ambiental y Besago.
La reunión concluyó con el acuerdo de mantener las coordinaciones entre comunidades, rondas campesinas, usuarios de agua y autoridades para impulsar acciones destinadas a proteger la laguna San Lorenzo y prevenir posibles impactos ambientales derivados de la actividad minera.
