El secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban la madrugada del 30 de agosto en Trujillo es, sin duda, el resultado de una operación criminal previamente organizada, con personas encargadas de distintas funciones, vehículos preparados para la ejecución del ataque, armas de fuego, indumentaria policial y un lugar donde posteriormente sería mantenida la víctima.
Esa es una de las principales hipótesis que aparece en la Disposición Fiscal N.° 01 de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, documento al que tuvo acceso Causa Justa y que permite conocer con mayor detalle cómo el Ministerio Público comenzó a reconstruir uno de los episodios criminales más graves ocurridos recientemente en Trujillo.
La disposición, suscrita por la fiscal Jennifer Ludeña Meléndez, no constituye una acusación definitiva ni establece responsabilidades penales. Se trata de una decisión adoptada durante las primeras horas de la investigación, basada principalmente en el acta de intervención policial, registros domiciliarios, especies encontradas y las versiones que la Policía atribuye a algunos de los intervenidos.
Pero su contenido resulta revelador. Por primera vez, un documento fiscal desarrolla expresamente la posibilidad de que detrás del secuestro de Lara Tantaquilla exista una presunta organización criminal con estructura jerárquica, distribución de roles y logística preparada para ejecutar el rapto. Y aparecen nombres, alias y funciones.
El crimen que puso en marcha la investigación
La madrugada del 30 de agosto de 2026, Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado en las inmediaciones de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo. El ataque dejó cuatro personas asesinadas: Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.
Los atacantes se llevaron al empresario. Las primeras imágenes conocidas del hecho mostraron una operación de extrema violencia ejecutada por hombres armados, algunos de ellos vestidos con prendas similares a las utilizadas por unidades policiales.
Horas después comenzó una intensa búsqueda. Según la disposición fiscal, aproximadamente a las 4:45 de la madrugada del 31 de agosto, personal policial se encontraba realizando labores de investigación y recopilación de información para esclarecer el crimen y conseguir el rescate o liberación de Lara Tantaquilla.
La Policía desplegó operativos por sectores como La Esperanza, El Milagro, Florencia de Mora, El Porvenir y otras zonas. Fue precisamente en El Porvenir donde apareció una pista.
Una Hilux blanca en la calle Independencia
De acuerdo con el relato recogido por la Fiscalía, un transeúnte informó a los agentes que durante la semana había observado una camioneta Toyota Hilux blanca en los exteriores de un inmueble ubicado en la calle Independencia N.° 2112, en El Porvenir.
Después de conocer por redes sociales y medios de comunicación las características del vehículo buscado por la Policía, esta persona consideró que podía tratarse de la misma camioneta.
El testigo condujo a los agentes hasta el lugar. Desde una abertura pudieron observar el interior del inmueble. Según el documento fiscal, una persona intentó huir hacia el interior mientras otra permaneció en un ambiente próximo a la puerta. Los policías ingresaron. Allí intervinieron inicialmente a Irving Gary Rodríguez Cruz y a Frank Junior Quezada Cruz, de 23 años. Lo encontrado junto a Quezada llamó inmediatamente la atención de los agentes.
La disposición señala que se hallaron dos artefactos explosivos de color rojo, identificados como “EMULNOR 3000 7/8” FAMESA ALTOS EXPLOSIVO”. Además, durante el registro personal se encontró un teléfono Motorola Moto G15.
La Fiscalía señala que Quezada inicialmente habría mostrado una actitud renuente a colaborar. Posteriormente, después de ser informado de sus derechos, habría decidido proporcionar voluntariamente una versión sobre los acontecimientos. Es a partir de ese momento cuando la investigación comienza a adquirir otra dimensión.
La versión de Frank Quezada: nombres y presuntas funciones
Según la disposición fiscal, Frank Junior Quezada Cruz manifestó tener conocimiento de lo ocurrido durante la madrugada del 30 de agosto. Pero el documento va más allá.
La Fiscalía reproduce que Quezada habría señalado su “participación directa” junto con varias personas. Entre los nombres mencionados aparece Julio Zavaleta Quezada, identificado mediante los alias “Juliacho” o “Jota”. También aparece un nombre particularmente importante para la investigación: Óscar Cruz Basilio, alias “O”.
El documento consigna además a Ángel Bocanegra Linares, alias “Folo”, a quien se atribuye una función relacionada con la ejecución material del secuestro. También se menciona a César García Rivera, alias “Bolo” o “Bolacho”, y a otro individuo identificado únicamente mediante el alias “Ares”.
Según la versión recogida por la Policía y reproducida posteriormente por la Fiscalía, este último habría tenido una tarea logística: recibir y conducir una camioneta Toyota Hilux y recoger uniformes y chalecos policiales de la unidad Grecco para que fueran utilizados durante el secuestro.
Este punto resulta especialmente relevante debido a las imágenes conocidas del ataque, en las que algunos de los autores aparecen utilizando vestimenta con apariencia policial.
La declaración atribuida a Quezada añade otro elemento: habría tenido conocimiento de estos preparativos días antes del secuestro, aunque el documento señala que no recordó la fecha exacta.
De comprobarse mediante evidencias independientes, este elemento reforzaría la hipótesis de una planificación previa. Por ahora, constituye una declaración incorporada a las primeras diligencias.
La Policía llega hasta Julio Zavaleta
La información obtenida durante las primeras intervenciones llevó a los agentes hacia otro inmueble. La disposición fiscal señala que Julio Zavaleta Quezada, de 19 años, fue localizado en una vivienda del asentamiento humano Alan García II Etapa, en El Porvenir.
Según el documento, una mujer que se identificó como hermana de Zavaleta permitió el ingreso de los policías. Los agentes encontraron al joven dentro de una habitación.
La Fiscalía consigna que Zavaleta habría opuesto resistencia a la intervención, por lo que los efectivos utilizaron la fuerza para reducirlo. Durante el registro personal se encontró un teléfono Honor y, posteriormente, durante el registro del inmueble, los policías localizaron dentro de un ropero una caja naranja con cuatro municiones calibre 9 milímetros.
Después de ser informado de sus derechos, Zavaleta también habría decidido brindar una versión. Y su relato, tal como quedó consignado en el documento fiscal, introduce nuevos detalles sobre la presunta organización del secuestro.
“Planificado y ordenado”
La disposición fiscal atribuye a Julio Zavaleta una afirmación particularmente significativa: el secuestro de Jenss Lara habría sido “planificado y ordenado” por Óscar Cruz Basilio, identificado en el documento con el alias “O” y mencionado como integrante de la organización criminal “Los Pulpos”.
Esta afirmación no equivale a una conclusión fiscal definitiva sobre la autoría intelectual. Es la versión que el documento atribuye al intervenido y que ahora deberá ser contrastada.
Según ese mismo relato, un primo de Óscar habría contactado a un grupo de personas vinculadas con motocicletas lineales y automóviles. La disposición señala además que este sujeto habría proporcionado las armas de fuego que posteriormente serían entregadas a Ángel Bocanegra Linares, alias “Folo”, a quien la declaración atribuye la ejecución del secuestro.
La versión vuelve a mencionar la camioneta Toyota Hilux blanca. Según el documento, la unidad habría sido conducida por César García Rivera, alias “Bolo” o “Bolacho”. También aparece nuevamente el alias “Ares”. De esta manera, las versiones recogidas durante las primeras horas de la investigación presentan un esquema en el que diferentes personas habrían cumplido tareas distintas.
Una tarea después del secuestro: custodiar al empresario
Existe otro pasaje de la disposición fiscal que podría resultar determinante si llega a ser corroborado. Según el documento, Julio Zavaleta habría manifestado que el día del secuestro se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y que posteriormente “Óscar” le asignó una tarea: custodiar al empresario secuestrado.
El lugar mencionado en su declaración sería un inmueble ubicado en Alto Trujillo, cerca de “La Frontier”. El joven también habría señalado que una patrulla policial había encontrado meses antes en ese sector una camioneta utilizada para cometer ilícitos.
La disposición agrega que Zavaleta dijo tener registrado entre sus contactos de WhatsApp un número correspondiente a “Ares”. De acuerdo con su versión, este sujeto le enviaba audios y, mediante mensajes de voz, le habría indicado que “levante línea” cuando tuviera comunicación para conocer “las cosas que él ya sabe”.
El contenido exacto, autenticidad y contexto de esas eventuales comunicaciones deberán ser determinados mediante el análisis forense de los dispositivos. Precisamente por ello, la Fiscalía ordenó diligencias destinadas a obtener y examinar información de los teléfonos incautados.
Ángel Bocanegra: otro nombre señalado
Las declaraciones llevaron a los agentes hasta un inmueble del asentamiento humano Túpac Amaru, en El Porvenir. Allí fue intervenido Ángel Fabricio Bocanegra Linares, de 19 años.
Según la disposición fiscal, cuando los policías llegaron una persona corrió hacia el fondo del inmueble, lo que motivó el ingreso de los agentes. Bocanegra fue intervenido dentro de una habitación utilizada como dormitorio.
Durante el registro personal, los policías encontraron en el bolsillo delantero izquierdo de su short dos cartuchos de arma de fuego, uno de ellos con inscripciones “STV 9MM LUGER” y otro “MFS 9MM LUGER”.
La Fiscalía señala que Bocanegra permanecía detenido por su presunta implicación en los delitos investigados. Sin embargo, la disposición no consigna en este apartado una confesión equivalente a las versiones atribuidas a Quezada y Zavaleta.
Esta diferencia es importante: el documento fiscal no atribuye a todos los detenidos el mismo tipo de declaración ni el mismo grado de reconocimiento de los hechos.
César García Rivera y la frase consignada por la Policía
El operativo continuó. La Policía se dirigió hacia otro inmueble del asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre, también en El Porvenir.
Allí fue intervenido César Iván García Rivera, de 20 años, mencionado previamente en las declaraciones bajo los alias “Bolo” o “Bolacho”. La disposición reproduce una circunstancia registrada por los policías durante la intervención.
Según el documento, García se encontraba vestido con polo, short negro y sandalias blancas. Al advertir la presencia policial, habría agachado la cabeza y pronunciado: “ya perdí”. La frase aparece consignada en el documento como parte del relato policial, pero no constituye por sí misma una admisión jurídicamente suficiente de responsabilidad.
Durante el registro personal se encontraron dos cartuchos de arma de fuego con inscripciones “P.M.C. 9MM LUGER” y un teléfono Redmi A2. La Fiscalía habla de una presunta organización criminal
Con los elementos obtenidos durante estas intervenciones, la Fiscalía formuló una primera lectura del caso. En el apartado titulado “Hechos que nos indican que estamos ante presuntos integrantes de una organización criminal”, el Ministerio Público sostiene que el contenido del acta de intervención policial y los registros domiciliarios permitirían presumir válidamente la existencia de una estructura organizada.
La Fiscalía menciona expresamente características como una estructura jerárquica, reparto coordinado de roles y logística empleada para una pluralidad de sujetos.
La hipótesis preliminar describe a Óscar Cruz Basilio, alias “O”, como quien presuntamente planificaría y ordenaría los actos ilícitos. A otros investigados se les atribuyen funciones diferentes.
El documento menciona, entre otras tareas, la conducción de vehículos, recolección de indumentaria, ejecución material del secuestro y custodia de la víctima.
Para el Ministerio Público, esta distribución preliminar de funciones podría resultar compatible con la existencia de una organización criminal y no simplemente con la actuación improvisada de varios individuos. Pero esa hipótesis debe ser demostrada.
Uniformes policiales y explosivos: otra pieza de la investigación
La disposición fiscal dedica especial atención a la logística encontrada o mencionada durante las intervenciones. El Ministerio Público señala que el acopio de municiones, el uso de uniformes policiales tácticos Grecco y la referencia a vestimenta y accesorios policiales podrían ser elementos compatibles con una estructura organizada.
También menciona expresamente los artefactos explosivos encontrados durante la intervención. Para la Fiscalía, estos elementos, considerados conjuntamente con las declaraciones sobre vehículos y reparto de funciones, refuerzan preliminarmente la necesidad de investigar el caso bajo la hipótesis de organización criminal.
Sin embargo, queda una pregunta esencial: ¿de dónde procedieron los uniformes y chalecos policiales que supuestamente serían utilizados en el secuestro?
El documento no proporciona una respuesta definitiva. Tampoco establece, por sí mismo, participación de miembros de la Policía Nacional en la entrega de esa indumentaria.
Lo que hace es registrar que uno de los declarantes menciona uniformes y chalecos del Grecco dentro de la logística que presuntamente sería utilizada para ejecutar el secuestro. Establecer su procedencia será una de las tareas fundamentales de la investigación.
Quince días para profundizar la investigación
La Fiscalía consideró que la naturaleza del caso justificaba ampliar las diligencias.
En la disposición se desarrollan las reglas correspondientes al plazo de detención para investigaciones vinculadas con organización criminal y finalmente se ordena mantener la detención de los investigados por 15 días.
Los cuatro comprendidos en esta decisión son:
Frank Junior Quezada Cruz, Ángel Fabricio Bocanegra Linares, César Iván García Rivera y Julio Zavaleta Quezada.
La medida tiene como finalidad permitir el desarrollo de diligencias consideradas urgentes para establecer qué ocurrió realmente y determinar el grado de participación que podría corresponder a cada intervenido.
No constituye una condena.
Fiscalía irá tras celulares, cámaras y comunicaciones
Quizá uno de los aspectos más importantes de la disposición se encuentra en las diligencias ordenadas por la fiscal.
El Ministerio Público dispuso solicitar información a Codamu, Reniec, Sunat, MTC, Renadesple, Consulta MFP, Sunarp y SIGF, relacionada con los detenidos y las personas mencionadas durante las diligencias.
También ordenó obtener información de Osiptel respecto de los números IMEI y teléfonos celulares vinculados con los investigados.
La Fiscalía dispuso además la realización de exámenes médico-legales, toxicológicos y otros análisis a los detenidos.
Otro punto fundamental será la videovigilancia.
Se ordenó obtener las imágenes de las cámaras ubicadas alrededor del inmueble de calle Independencia N.° 2112, en El Porvenir, correspondientes a los últimos diez días.
Esto podría permitir reconstruir quiénes ingresaron y salieron del predio, qué vehículos estuvieron estacionados allí y si la camioneta mencionada por el testigo efectivamente permaneció en el lugar.
La búsqueda de “Ares”
La disposición fiscal ordena expresamente realizar pesquisas destinadas a conseguir la plena identificación de la persona conocida con el alias “Ares”.
Este personaje aparece reiteradamente en las versiones recogidas por la Policía.
Según esas declaraciones, habría tenido funciones vinculadas con la camioneta, los uniformes y las comunicaciones posteriores.
Su identidad completa no aparece establecida en el documento.
Por ello, la Fiscalía también ordenó revisar carpetas fiscales e investigaciones policiales que pudieran estar relacionadas con las personas investigadas.
Los teléfonos podrían convertirse en la prueba decisiva
El Ministerio Público ordenó realizar la visualización de los teléfonos y equipos celulares de los detenidos cuando exista autorización.
Si los investigados se niegan, deberá dejarse constancia para solicitar posteriormente autorización judicial.
La medida adquiere especial importancia debido a la versión atribuida a Julio Zavaleta sobre comunicaciones mediante WhatsApp con “Ares”.
Una pericia informática podría determinar si esas conversaciones existieron, cuándo ocurrieron, desde qué números fueron realizadas y qué información fue intercambiada.
También permitiría establecer ubicaciones, contactos y eventuales coordinaciones previas y posteriores al secuestro.
La Fiscalía ordenó, además, solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones respecto de los celulares incautados si los investigados no prestan su consentimiento.
Balística, huellas y procedencia de las municiones
Las armas y municiones constituyen otra línea decisiva.
La disposición ordena solicitar información a Sucamec para establecer si los investigados cuentan con licencia para portar armas o tener municiones, así como autorizaciones vinculadas con explosivos.
También se dispuso realizar pericias balísticas sobre las municiones y cartuchos incautados.
La Fiscalía ordenó igualmente recoger huellas de las especies encontradas y homologarlas con las huellas de los investigados mediante pericias dactiloscópicas.
Estas diligencias serán fundamentales porque permitirán pasar de declaraciones iniciales a evidencias materiales susceptibles de ser contrastadas científicamente.
Una investigación que recién comienza
La Disposición Fiscal N.° 01 proporciona una fotografía de las primeras horas de la investigación.
Es una fotografía todavía incompleta.
Existen declaraciones que atribuyen funciones concretas. Hay nombres y alias. Se mencionan vehículos, municiones, explosivos, uniformes policiales, comunicaciones y un inmueble donde supuestamente habría permanecido secuestrado Jenss Lara.
La Fiscalía considera que estos elementos permiten investigar la existencia de una organización criminal.
Pero todavía falta comprobarlos.
La investigación deberá determinar si las versiones atribuidas a Frank Quezada y Julio Zavaleta coinciden con registros de llamadas, geolocalización, cámaras, huellas, pericias balísticas y demás evidencia material.
También deberá establecer qué participación concreta tuvieron Ángel Bocanegra y César García Rivera, más allá de las referencias realizadas por terceros y de los elementos encontrados durante sus intervenciones.
Y deberá identificar a “Ares” y establecer el verdadero papel que desempeñó, si alguno.
Por encima de todas estas interrogantes aparece otra: quién planificó realmente el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y quién dio la orden de ejecutarlo.
La Fiscalía tiene ahora quince días de detención preliminar para avanzar en esa reconstrucción.
Lo que revela su primera disposición es que las autoridades ya no están investigando únicamente a los hombres que habrían estado en la escena de Húsares de Junín.
Están intentando reconstruir toda la estructura que habría estado detrás del ataque.
Y eso significa seguir el recorrido de los vehículos, establecer la procedencia de los uniformes policiales, identificar a quienes suministraron las armas, reconstruir las comunicaciones y determinar quiénes conocían el plan antes de que cuatro personas fueran asesinadas y Jenss Lara desapareciera en manos de sus secuestradores.
