La primera pista no llegó de una sofisticada operación de inteligencia. Llegó de un vecino, según la Policía. Un hombre que caminaba por El Porvenir recordó haber observado durante la semana una camioneta Toyota Hilux blanca estacionada frente a un inmueble de la calle Independencia N.° 2112. Cuando posteriormente vio en las noticias las características del vehículo buscado por la Policía por el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, decidió comunicar lo que sabía. No quiso identificarse. Tenía miedo, según la PNP.
Pero aquella información terminaría desencadenando una sucesión de intervenciones policiales que, pocas horas después, llevaría hasta cuatro jóvenes y permitiría obtener las primeras declaraciones sobre cómo habría sido organizado el secuestro que terminó con cuatro personas asesinadas en la avenida Húsares de Junín.
Una disposición de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, revisada por Causa Justa, reconstruye estas primeras horas de la investigación. El documento resulta especialmente revelador porque recoge las declaraciones atribuidas a Frank Junior Quezada Cruz, de 23 años, y Julio Zavaleta Quezada, de 19, quienes proporcionaron información sobre la presunta planificación del secuestro, identificaron a otros participantes y describieron algunas de las funciones que supuestamente fueron distribuidas antes y después del ataque.
La Fiscalía considera preliminarmente que estos elementos permiten investigar la existencia de una organización criminal con una posible estructura jerárquica y reparto coordinado de funciones. Pero las declaraciones siguen siendo elementos iniciales de investigación: deberán ser corroboradas con evidencia independiente antes de que pueda establecerse responsabilidad penal.
LA CAMIONETA QUE UN VECINO NO OLVIDÓ
La disposición fiscal señala que aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del 31 de agosto, la Policía continuaba ejecutando operativos en distintos sectores de Trujillo como consecuencia del secuestro ocurrido horas antes. Los agentes buscaban información que permitiera localizar a Jenss Lara. En El Porvenir apareció entonces el testigo.
El hombre dijo haber visto una camioneta Hilux blanca frente al inmueble de la calle Independencia N.° 2112. Después de observar las noticias sobre el secuestro, reconoció características similares a las del vehículo buscado, según la PNP. Los agentes llegaron hasta el lugar. Desde una abertura de una ventana observaron el interior. Una persona habría intentado correr hacia el fondo del inmueble. Los policías ingresaron. Primero intervinieron a Irving Gary Rodríguez Cruz. Después encontraron a Frank Junior Quezada Cruz debajo de una cama.
Según el documento fiscal, Quezada opuso resistencia y fue reducido por los agentes. Pero había algo más. Junto al lugar donde se encontraba aparecieron dos artefactos explosivos rojos EMULNOR 3000 7/8” de Famesa. En su mano tenía un teléfono Motorola Moto G15. Aquella intervención sería el inicio de la cadena.
“NATO” EMPIEZA A HABLAR
Una vez informado de sus derechos, Frank Junior Quezada Cruz habría decidido proporcionar voluntariamente información. La disposición fiscal registra que manifestó conocer lo ocurrido durante la madrugada del 30 de agosto en Húsares de Junín y consigna que señaló su “participación directa” en los hechos. Después comenzó a proporcionar nombres. Mencionó a Julio Zavaleta Quezada, conocido como “Juliacho” o “Jota”. Señaló a Óscar Cruz Basilio, alias “O”. También mencionó a Ángel Fabricio Bocanegra Linares, “Folo”, a César García Rivera, “Bolo” o “Bolacho”, y a otro individuo identificado solamente como “Ares”.
No se trataba únicamente de una relación de nombres. La versión atribuida a Quezada empezó a describir funciones. Según quedó registrado, “O” habría dado órdenes; “Folo” aparecería relacionado con la ejecución del hecho; César García habría tenido participación vinculada con una Toyota Hilux; y “Ares” habría intervenido en la recepción del vehículo y de indumentaria policial.
La declaración también introduce uno de los puntos más sensibles de todo el caso: uniformes y chalecos de la unidad policial Grecco que presuntamente serían utilizados durante el secuestro. El documento fiscal no determina de dónde procedieron esas prendas ni establece que hayan sido proporcionadas por policías. Esa es una diferencia fundamental. Lo que sí registra es que los uniformes aparecen mencionados dentro de la logística descrita por uno de los intervenidos.
LA DELACIÓN LLEVÓ HASTA “JULIACHO”
Con la información proporcionada durante la primera intervención, los agentes se trasladaron al asentamiento humano Alan García II Etapa, también en El Porvenir. Buscaban a Julio Zavaleta Quezada. Una mujer que se identificó como su hermana atendió a los policías y permitió que ingresaran al inmueble. Zavaleta fue localizado dentro de una habitación. Según el documento, también opuso resistencia.
Los agentes encontraron en su mano un teléfono celular Honor modelo GFY-LX3 y, durante el registro del inmueble, localizaron dentro de un ropero una caja naranja con el logotipo Yanbal. Dentro había cuatro municiones calibre 9 milímetros. Después de ser informado de sus derechos, Zavaleta decidió también proporcionar su versión. Y su relato sería todavía más detallado.
Según la disposición fiscal, Julio Zavaleta señaló que el secuestro de Jenss Lara fue “planificado y ordenado” por Óscar Cruz Basilio, alias “O”, mencionado en el propio documento como integrante de “Los Pulpos”. Esta declaración coloca a Cruz Basilio en un nivel distinto dentro de la hipótesis investigativa. No como un simple participante. Sino como quien presuntamente habría impartido las órdenes.
Sin embargo, debe mantenerse una precisión fundamental: esta atribución procede de la declaración de un investigado. Corresponde a la Fiscalía corroborarla antes de establecer que Cruz Basilio fue efectivamente quien ordenó el secuestro. El relato de Zavaleta continuó. Según el documento, un primo de “Óscar” habría reunido a un grupo de personas vinculadas con motocicletas y automóviles. También habría proporcionado armas de fuego. Estas armas posteriormente serían entregadas a Ángel Bocanegra Linares, “Folo”, a quien la declaración ubica en la ejecución del secuestro.
ASÍ HABRÍAN DISTRIBUIDO LOS ROLES
Las declaraciones recogidas por la Policía permiten construir una primera hipótesis sobre la división del trabajo dentro del grupo. Según el relato incorporado al expediente, César García Rivera, “Bolo” o “Bolacho”, habría conducido la Toyota Hilux blanca. Ángel Bocanegra Linares, “Folo”, habría descendido por la parte posterior derecha del vehículo. “Ares” habría ocupado el asiento del copiloto. Y Frank Junior Quezada Cruz habría descendido por la parte posterior izquierda.
Esta reconstrucción resulta relevante porque puede ser contrastada con las imágenes de videovigilancia existentes. Si la Fiscalía logra establecer mediante videos, geolocalización y análisis telefónico que los investigados estuvieron en los lugares y horarios descritos, las declaraciones podrían adquirir un peso probatorio considerablemente mayor. Si no existe esa corroboración, continuarán siendo versiones que deberán ser sometidas al contradictorio correspondiente.
La versión atribuida a Julio Zavaleta contiene otro dato crucial. El secuestro no terminaba con sacar a Jenss Lara de Húsares de Junín. Alguien debía vigilarlo después. Según el documento, Zavaleta manifestó que “Óscar” le encargó custodiar al empresario secuestrado en un inmueble ubicado en Alto Trujillo, cerca de “La Frontier”.
¿Por qué él? La explicación consignada resulta llamativa: Zavaleta habría estado consumiendo bebidas alcohólicas y, por esa razón, se le asignó la tarea de custodia. Esta declaración podría permitir identificar uno de los posibles lugares utilizados durante el cautiverio. Pero nuevamente será necesaria evidencia independiente: inspecciones, huellas, cámaras, geolocalización de teléfonos o cualquier otro elemento que permita determinar si Lara estuvo efectivamente en ese inmueble.
“ARES”, EL HOMBRE QUE TODAVÍA FALTA IDENTIFICAR
Existe un personaje que atraviesa buena parte de las declaraciones: “Ares”. Su identidad completa no aparece establecida en la disposición fiscal. Julio Zavaleta habría reconocido que tenía registrado en WhatsApp un número asociado con ese alias. Según su versión, recibió incluso un audio. El documento reproduce una referencia al contenido de esa comunicación, relacionada con mantener contacto y reportar información cuando existiera comunicación con “O”.
La Fiscalía ha considerado suficientemente relevante este dato como para ordenar expresamente diligencias destinadas a conseguir la plena identificación de alias “Ares”. Los teléfonos podrían proporcionar la respuesta.
La información de los dos primeros intervenidos permitió a los policías continuar el recorrido. El siguiente destino fue el asentamiento humano Túpac Amaru, en El Porvenir.
Los agentes llegaron al inmueble donde se encontraba Ángel Fabricio Bocanegra Linares, “Folo”. Según la disposición, cuando tocaron la puerta observaron a una persona correr hacia el fondo del predio. Los policías ingresaron y encontraron a Bocanegra en un dormitorio. El documento señala que mostraba nerviosismo. Durante el registro encontraron en el bolsillo delantero izquierdo de su short dos cartuchos de arma de fuego calibre 9 mm. Uno tenía la inscripción STV 9MM LUGER. El segundo, MFS 9MM LUGER. Aquí es importante diferenciar lo encontrado de lo declarado por terceros.
La disposición fiscal revisada no registra en estas páginas una confesión de Bocanegra reconociendo ser el ejecutor material del secuestro. Esa función le es atribuida principalmente mediante las declaraciones de los otros investigados.
“YA PERDÍ”
El operativo todavía no había terminado. Las declaraciones condujeron a los policías hasta el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre. Allí estaba César Iván García Rivera, “Bolo” o “Bolacho”. Los policías tocaron la puerta. García apareció vestido con polo, short negro y sandalias blancas. Entonces ocurrió una escena que quedó expresamente registrada en la disposición fiscal.
Al advertir la presencia policial, habría agachado la cabeza y pronunciado: “Ya perdí”. Los agentes procedieron a registrarlo. En uno de sus bolsillos encontraron un celular Redmi A2. En el otro, dos cartuchos 9 mm Luger con inscripción P.M.C. La expresión “ya perdí” constituye una manifestación espontánea consignada por los policías, pero jurídicamente no puede convertirse automáticamente en una confesión del secuestro ni del asesinato de las cuatro víctimas.
Asimismo, el documento revisado no recoge posteriormente una declaración de García admitiendo que condujo la Hilux o recogió los uniformes Grecco. Esos roles le son atribuidos por las versiones de otros intervenidos.
EXPLOSIVOS, MUNICIONES Y CELULARES
Al terminar las intervenciones, los investigadores tenían algo más que declaraciones. Habían incautado material que ahora deberá ser sometido a peritajes. Junto a Frank Quezada fueron encontrados dos explosivos EMULNOR 3000 y se incautó un teléfono. En el inmueble donde fue intervenido Julio Zavaleta aparecieron cuatro municiones calibre 9 mm. Ángel Bocanegra llevaba dos cartuchos 9 mm. César García tenía otros dos cartuchos 9 mm y un celular.
Pero estos hallazgos tampoco demuestran automáticamente que esas municiones fueran utilizadas en Húsares de Junín. Por eso la Fiscalía dispuso pericias balísticas. El objetivo será establecer características, compatibilidades y cualquier posible relación con los elementos recuperados durante la investigación del ataque.
Después de reconstruir las intervenciones y revisar las declaraciones, el Ministerio Público dedica un apartado específico a explicar por qué considera que podría encontrarse frente a integrantes de una organización criminal. La Fiscalía menciona una posible estructura jerárquica, un reparto coordinado de roles y la existencia de logística utilizada por varias personas. La hipótesis fiscal coloca preliminarmente a Óscar Cruz Basilio, alias “O”, como la persona que habría planificado y ordenado los actos ilícitos.
Debajo aparecen las funciones atribuidas a los demás: conducción de vehículos, recepción de indumentaria, ejecución material del secuestro y custodia del empresario. La Fiscalía también considera relevantes las municiones, los explosivos y las referencias a uniformes policiales. El documento sostiene que estos elementos permiten presumir preliminarmente la existencia de una estructura criminal.
Las declaraciones proporcionaron una historia. Ahora la Fiscalía necesita pruebas. Por eso la disposición ordena revisar los teléfonos incautados. El Ministerio Público dispuso realizar la visualización y transcripción de los equipos cuando exista autorización de sus propietarios. En caso contrario, deberá solicitarse la correspondiente autorización judicial.
También se ordenó gestionar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. La importancia es evidente. nLos celulares pueden revelar llamadas, contactos, mensajes, audios, ubicaciones y comunicaciones producidas antes, durante y después del secuestro. Especialmente importante será comprobar la existencia del contacto denominado “Ares” y el supuesto audio mencionado por Julio Zavaleta.
Otra diligencia ordenada por la Fiscalía apunta directamente al inmueble donde comenzó la cadena de capturas. El Ministerio Público dispuso recabar imágenes de videovigilancia correspondientes a los últimos diez días en los alrededores de la calle Independencia N.° 2112. La medida podría responder preguntas decisivas. ¿Estuvo realmente allí la Toyota Hilux?, ¿cuántos días?, ¿quiénes ingresaron al inmueble, ¿quiénes salieron?, ¿aparecieron los investigados antes del secuestro?, ¿se trasladaron objetos o indumentaria? Las cámaras podrían permitir contrastar el relato del vecino que proporcionó la primera pista con las declaraciones de los detenidos.
¿DE DÓNDE SALIERON LOS UNIFORMES DEL GRECCO?
Existe, además, una interrogante especialmente delicada. Los autores del ataque utilizaron vestimenta con apariencia policial. Las declaraciones recogidas por la Policía hablan específicamente de uniformes y chalecos policiales de Grecco. Pero el expediente todavía no responde cómo llegaron esas prendas hasta quienes ejecutaron el secuestro. ¿Eran auténticas?, ¿eran imitaciones?, ¿habían sido robadas?, ¿fueron compradas?, ¿quién las proporcionó?
Determinarlo resulta fundamental. La sola mención de uniformes policiales no permite sostener que agentes de la PNP hayan participado en el secuestro. Cualquier eventual responsabilidad de funcionarios públicos tendría que estar respaldada por evidencia específica.
Ante la gravedad y complejidad del caso, la Fiscalía dispuso que Frank Junior Quezada Cruz, Julio Zavaleta Quezada, Ángel Fabricio Bocanegra Linares y César Iván García Rivera permanezcan detenidos preliminarmente por 15 días. El Ministerio Público calificó inicialmente los hechos dentro de una investigación por organización criminal y otros graves delitos.
Además de celulares y cámaras, ordenó exámenes médico-legales y toxicológicos, consultas ante distintas instituciones, información de Osiptel, diligencias ante Sucamec, pericias balísticas y análisis de huellas. También dispuso recibir nuevamente las declaraciones de los detenidos al término de las diligencias. Ese último punto es importante. Lo declarado durante la intervención policial constituye apenas una parte de un proceso mucho más amplio.
La documentación fiscal permite reconstruir cómo, en cuestión de horas, un dato entregado por un ciudadano condujo a un inmueble, aquella intervención llevó a un primer detenido y sus declaraciones fueron llevando sucesivamente hacia otros jóvenes. Pero también permite establecer con precisión qué sabemos y qué todavía no. Frank Junior Quezada y Julio Zavaleta sí aparecen en la disposición proporcionando voluntariamente versiones que los vinculan con el conocimiento o participación en los hechos y que atribuyen roles a otras personas.
César García aparece pronunciando espontáneamente “ya perdí”, pero el documento no recoge en el apartado revisado una confesión posterior en la que admita conducir la Hilux. Ángel Bocanegra es intervenido con dos cartuchos y es señalado por otros investigados como presunto ejecutor, pero tampoco aparece en esta disposición confesando esa función. Esa distinción resulta fundamental. Porque después de las primeras declaraciones comienza la parte más difícil de cualquier investigación criminal: demostrar lo dicho.
La Fiscalía tendrá que determinar si los celulares ubican a los investigados donde ellos mismos o terceros dicen que estuvieron; si las cámaras muestran la camioneta y a sus ocupantes; si las municiones tienen alguna relación con el ataque; si existió la casa de cautiverio señalada; quién es “Ares”; quién consiguió los uniformes; quién proporcionó las armas y, finalmente, quién dio la orden. La primera versión de la trama ya está escrita en el expediente. Ahora falta establecer cuánto de esa historia puede ser probado.
