LA LIBERTAD. En medio de los preparativos para la segunda elección de gobernador regional, trabajadores de una Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de La Libertad denunciaron presuntos actos de hostigamiento laboral, malos tratos y posibles represalias atribuidos a la jefatura de la dependencia.
De acuerdo con los testimonios recogidos, los afectados habrían presentado quejas ante la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en Lima, y la Contraloría General de la República; sin embargo, aseguran que las conductas denunciadas no habrían cesado.
Los trabajadores describen un ambiente laboral que, según sus versiones, estaría marcado por gritos, trato inadecuado, exclusión de determinadas funciones y modificaciones en las responsabilidades asignadas. También sostienen que, después de comunicar sus quejas, se habrían producido llamadas de atención e invitaciones a renunciar, situaciones que interpretan como posibles represalias. Los denunciantes manifiestan preocupación por la continuidad de sus vínculos laborales y temen que sus contratos no sean renovados.
Según los afectados, los hechos habrían sido puestos en conocimiento de la ONPE y la Contraloría General de la República. No obstante, señalan que los presuntos maltratos continuarían, por lo que solicitan conocer qué actuaciones se han dispuesto para evaluar las quejas y proteger a los trabajadores frente a eventuales represalias.
Cuentan con audios y comunicaciones
Los trabajadores, que por temor a represalias no se atreven a denunciar públicamente, afirman disponer de grabaciones de audio y comunicaciones que respaldarían sus versiones. Adelantaron que harán público estas comunicaciones si es que los organismos competentes no toman cartas en el asunto.
La denuncia adquiere relevancia por producirse en una dependencia vinculada con la organización de un proceso electoral. Además de las condiciones laborales del personal, resulta necesario conocer si las situaciones denunciadas podrían afectar el funcionamiento interno de la oficina y la preparación de las actividades electorales.
Los trabajadores solicitan una investigación imparcial, medidas de protección frente a posibles represalias y acciones correctivas en caso de acreditarse irregularidades. Causa Justa mantiene en reserva la identidad de los denunciantes y omite la identificación de la ODPE involucrada para evitar su exposición.
Queda pendiente conocer la versión oficial de la ONPE, así como determinar si la Contraloría recibió las quejas señaladas y qué actuaciones se han realizado.
