La lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado en Pataz enfrenta un nuevo problema: la reducción de la capacidad operativa de las instituciones encargadas de investigar, intervenir e incautar bienes vinculados con actividades ilícitas. Así lo advirtió el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, quien atribuyó esta situación a la falta de continuidad de las medidas excepcionales que permitieron reforzar la presencia del Ministerio Público en esa provincia.
Durante la V Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), el magistrado alertó que el vencimiento del marco normativo que facilitaba el desplazamiento de fiscales hacia Pataz ha tenido consecuencias en los resultados de las intervenciones.
Según explicó, el Decreto de Urgencia N.º 006-2025 permitió destacar personal fiscal directamente en la zona y fortalecer las acciones contra las actividades ilegales. Sin embargo, sostuvo que la falta de renovación de estas disposiciones ha provocado una disminución drástica de las incautaciones.
La autoridad fiscal pidió a los congresistas que representan a La Libertad promover nuevas medidas legales y presupuestales para garantizar la continuidad de las operaciones.
Su advertencia pone nuevamente en discusión la efectividad de la estrategia estatal en una provincia donde la minería ilegal y las organizaciones criminales representan desafíos para la seguridad pública.
Uno de los aspectos más preocupantes de la intervención de Guillermo Bringas fue su evaluación de los resultados obtenidos en Pataz después del vencimiento de las disposiciones extraordinarias.
El presidente de la Junta de Fiscales sostuvo que el marco normativo aplicado anteriormente permitió contar con fiscales destacados directamente en la jurisdicción, facilitando su participación en las operaciones contra la minería ilegal y los delitos conexos. No obstante, señaló que la ausencia de una renovación de esas medidas ha limitado la capacidad de respuesta institucional.
El magistrado habló de una disminución drástica de las incautaciones, aunque durante la información difundida sobre la sesión no se precisaron cifras comparativas que permitan establecer cuántas se realizaron antes y después del vencimiento de las disposiciones.
Frente a esta situación, Guillermo Bringas solicitó que los representantes de La Libertad en el Congreso impulsen un nuevo marco normativo que permita fortalecer las operaciones del Comando Unificado de Pataz.
El pedido incluye mayores recursos presupuestales, equipamiento y apoyo logístico para las instituciones que participan en la lucha contra la minería ilegal y las organizaciones criminales.
La autoridad fiscal sostuvo que la intervención no puede depender exclusivamente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. «No basta con el esfuerzo del Ejército y la Policía; se requiere una intervención integral de todas las instituciones del Estado instaladas en la zona para enfrentar de forma definitiva este flagelo», manifestó.
En ese sentido, mencionó la necesidad de garantizar la participación del Ministerio Público, Poder Judicial, SUNAT, SUTRAN y otras entidades con competencias vinculadas a la investigación penal, fiscalización y control.
El planteamiento busca evitar que las operaciones se limiten a acciones de seguridad sin el respaldo institucional necesario para investigar delitos, sustentar responsabilidades y desarrollar los procedimientos correspondientes.
Durante la sesión del CORESEC, Guillermo Bringas también se pronunció sobre la necesidad de replantear la estrategia policial frente a la criminalidad en La Libertad. mTras dar la bienvenida al nuevo jefe de la Región Policial, respaldó la revisión del esquema operativo de la Policía Nacional, pero advirtió que la eficacia de las intervenciones no debe medirse únicamente por el número de detenidos.
A su juicio, las capturas deben estar acompañadas de investigaciones capaces de sustentar medidas judiciales cuando correspondan. «El compromiso debe ser que cada captura vaya acompañada de una buena investigación. Si no hay una investigación seria y articulada entre la Policía y el Ministerio Público, no se puede lograr la prisión preventiva necesaria para retirar a los delincuentes de las calles», sostuvo.
En otro momento de su intervención, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores destacó la puesta en funcionamiento del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos. Según informó, este esquema comenzó a implementarse el 14 de octubre de 2026, convirtiendo a Trujillo, de acuerdo con su declaración, en la primera ciudad del país en contar con este modelo especializado. El subsistema dispone de un equipo multidisciplinario integrado por más de 50 personas del Ministerio Público.
Entre sus integrantes se encuentran 15 fiscales de primera y segunda instancia, asistentes fiscales, personal encargado de la atención de víctimas y testigos, así como peritos especializados.
El objetivo es fortalecer la investigación de delitos de extorsión mediante una estructura que permita concentrar capacidades profesionales y mejorar la coordinación entre las diferentes áreas involucradas.
Guillermo Bringas también destacó la participación de la Defensa Pública, que cuenta con profesionales asignados tanto a la defensa de personas investigadas como a la asistencia legal de víctimas de extorsión.
