PERÚ. La propuesta de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) enfrenta cuestionamientos por las limitaciones de sus mecanismos de fiscalización y la falta de definiciones concretas sobre la trazabilidad del oro. Aunque el proyecto busca reorganizar el proceso de formalización minera, especialistas advierten que podría mantener debilidades que actualmente permiten introducir mineral de procedencia ilegal en las cadenas formales de comercialización.
El problema adquiere especial relevancia por las dimensiones económicas del comercio ilegal de oro en el Perú. Según estimaciones de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), más de la mitad del oro exportado por el país hasta agosto de 2026 habría tenido origen ilegal, con un valor estimado de US$12.063 millones.
La organización sostiene que esta cifra ya superaría el monto registrado durante todo 2025. Se trata de una estimación sobre el origen del mineral y no de un volumen de exportaciones cuya ilegalidad haya sido acreditada individualmente mediante resoluciones judiciales o administrativas.
Sin embargo, la magnitud del cálculo plantea una interrogante fundamental: ¿cómo puede ingresar al mercado internacional una cantidad tan importante de oro presuntamente ilegal si existen procedimientos de registro, fiscalización y comercialización? Uno de los principales cuestionamientos a la Ley MAPE es que el control de la minería ilegal no puede limitarse a identificar dónde se extrae el mineral.
Antes de llegar al mercado internacional, el oro atraviesa una cadena de operaciones que puede incluir plantas de beneficio, intermediarios, comercializadores y empresas exportadoras.
En cada una de estas etapas se requiere información verificable sobre su origen, cantidad, procesamiento, transporte y transferencia comercial. De acuerdo con Redes, los controles insuficientes y las deficiencias del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) han generado condiciones que permiten mezclar mineral de origen ilegal con producción formal.
Cuando esta mezcla ocurre, la documentación comercial puede dificultar la identificación de la procedencia real del oro. Por ello, la trazabilidad no debe entenderse únicamente como la existencia de documentos, sino como la capacidad de comprobar que cada operación corresponde a una actividad minera autorizada y a una producción materialmente verificable.
La iniciativa del Ejecutivo plantea asignar temporalmente funciones de fiscalización de determinadas plantas de beneficio al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
Sin embargo, de acuerdo con el análisis difundido, esta intervención tendría una duración de cinco años y comprendería las instalaciones con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias.
La medida abre interrogantes sobre las plantas de menor capacidad, que continuarían bajo supervisión regional según el esquema descrito. El analista Iván Arenas advierte que esa diferenciación podría mantener espacios de fiscalización insuficiente.
Su preocupación se concentra en la posibilidad de que instalaciones pequeñas sigan siendo utilizadas para procesar mineral cuya procedencia no haya sido comprobada adecuadamente. No obstante, la capacidad de procesamiento de una planta no demuestra por sí misma que participe en actividades ilegales. El riesgo identificado está relacionado con la eficacia de los controles, no con la presunción de irregularidad de todas las instalaciones de menor tamaño.
Otro punto cuestionado es el carácter temporal de las competencias que asumirían los organismos nacionales. Si la fiscalización reforzada se establece únicamente durante cinco años, resulta necesario conocer qué entidad continuará realizando esas funciones cuando concluya el periodo.
También debe precisarse cómo se financiará la supervisión, qué personal especializado se necesitará y cómo se compartirán los resultados entre las instituciones competentes.
Sin una distribución clara de responsabilidades, existe el riesgo de que las modificaciones institucionales produzcan periodos de transición durante los cuales determinadas operaciones reciban una fiscalización insuficiente.
La propuesta también plantea interrogantes sobre el proceso de transferencia de competencias y el papel que asumiría la nueva institucionalidad de formalización minera. Según Arenas, los retrasos en la transferencia podrían prolongar la intervención del Ministerio de Energía y Minas y dificultar la implementación del nuevo esquema.
La trazabilidad queda pendiente de reglamentación
Uno de los aspectos más sensibles de la propuesta es que los mecanismos de trazabilidad e interoperabilidad se desarrollarían posteriormente mediante el reglamento.
Según la información examinada, este instrumento debería aprobarse dentro de los 120 días posteriores a la publicación de la ley. El problema no radica necesariamente en que los procedimientos técnicos se regulen mediante normas complementarias, sino en la ausencia de definiciones suficientemente precisas sobre sus obligaciones, responsables y mecanismos de verificación.
Un sistema efectivo debería permitir contrastar la producción declarada por los operadores mineros con la capacidad real de extracción y procesamiento, así como con los registros de transporte, compraventa y exportación.
También debería facilitar el intercambio de información entre las autoridades mineras, tributarias, aduaneras y de fiscalización, dentro de sus respectivas competencias. Sin estos controles, el riesgo es que los registros documenten operaciones comerciales sin comprobar suficientemente la procedencia física del mineral.
La propuesta también contempla un nuevo Régimen de Consolidación destinado a reorganizar la situación de los operadores comprendidos en el proceso de formalización. Sin embargo, Arenas advierte que el cambio de denominación o de estructura administrativa no garantiza que desaparezcan los problemas del Reinfo.
El cuestionamiento central es si el nuevo régimen establecerá obligaciones verificables, plazos efectivos y consecuencias claras frente al incumplimiento. Un sistema de formalización puede contribuir a incorporar actividades mineras a la legalidad, pero también necesita impedir que sus mecanismos sean utilizados para respaldar operaciones que no cumplen los requisitos establecidos.
Las cuentas en el Banco de la Nación también generan interrogantes La propuesta incluye disposiciones relacionadas con la apertura de cuentas en el Banco de la Nación para operadores comprendidos en el régimen. Esta medida podría facilitar la bancarización y mejorar el registro de determinadas transacciones.
Sin embargo, la existencia de una cuenta bancaria no acredita automáticamente que el mineral comercializado tenga origen legal. El control financiero requiere mecanismos de identificación del cliente, evaluación de operaciones y cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos que correspondan.
Asimismo, debe existir una relación verificable entre las operaciones bancarias y la actividad minera declarada. Sin esa correspondencia, la bancarización podría aumentar la documentación financiera disponible sin resolver el problema del origen del oro.
El desafío para La Libertad
Las observaciones a la Ley MAPE adquieren especial importancia para regiones con actividad minera como La Libertad, donde las autoridades enfrentan desafíos vinculados a la formalización, la seguridad y la fiscalización de operaciones extractivas.
La discusión es especialmente relevante para zonas como Pataz y Quiruvilca, donde la actividad minera convive con conflictos sociales y preocupaciones por la presencia de actividades ilegales.
Sin embargo, no corresponde atribuir a empresas o trabajadores concretos participación en el comercio ilegal de oro únicamente por operar en estas jurisdicciones.
Para evaluar la situación regional será necesario identificar las plantas de beneficio existentes, sus capacidades autorizadas, las entidades responsables de supervisarlas y los resultados de las fiscalizaciones realizadas.
También será importante conocer qué mecanismos permiten verificar el origen del mineral que ingresa a dichas instalaciones.
