PATAZ, LA LIBERTAD. La provincia de Pataz vuelve a convertirse en escenario de una controversia que enfrenta los intereses de la minería formal, las aspiraciones de formalización de pequeños productores y la intervención del Estado frente a la actividad minera ilegal.
Según información publicada por Diario UNO el 10 de noviembre de 2026, un total de 189 mineros artesanales estarían en riesgo de ser excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), en medio de una disputa judicial relacionada con solicitudes de exclusión promovidas por Compañía Minera Poderosa ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La preocupación se ha intensificado por versiones difundidas entre trabajadores y dirigentes sobre posibles operativos de interdicción que se ejecutarían entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre.
El conflicto tiene como uno de sus principales antecedentes una controversia judicial entre Compañía Minera Poderosa y el Ministerio de Energía y Minas. De acuerdo con la información difundida, la empresa promovió acciones relacionadas con solicitudes de exclusión de inscripciones en el REINFO, asunto que llegó al Cuarto Juzgado Constitucional de Lima. El registro constituye un instrumento administrativo vinculado al proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.
Su finalidad es identificar a quienes se encuentran dentro del procedimiento correspondiente, sujeto al cumplimiento de las condiciones y obligaciones previstas por la normativa.
La permanencia en el REINFO no equivale a contar con todas las autorizaciones necesarias para desarrollar actividades mineras, pero la exclusión puede tener consecuencias importantes para quienes todavía buscan completar su formalización.
En el caso de Pataz, la controversia adquiere especial relevancia debido a la coexistencia de operaciones mineras de gran escala, pequeños productores y actividades informales en territorios donde existen disputas por el acceso a recursos minerales.
¿QUÉ OCURRIRÍA CON LOS 189 MINEROS?
La eventual exclusión del REINFO podría modificar la situación administrativa de los trabajadores afectados y generar consecuencias sobre la continuidad de sus actividades. No obstante, cada caso debe evaluarse conforme a sus circunstancias y a las disposiciones aplicables.
Es necesario determinar si los 189 registros se encuentran vigentes, suspendidos, sujetos a procedimientos de exclusión o comprendidos directamente en la controversia judicial. También debe establecerse si los titulares fueron notificados y si cuentan con mecanismos para formular descargos o impugnar las decisiones correspondientes.
Otro aspecto que ha generado inquietud es la difusión de versiones sobre posibles intervenciones estatales entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre de 2026. Según la publicación, entre los trabajadores circula información sobre la eventual participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y las Fuerzas Armadas.
Las versiones sostienen que los operativos podrían dirigirse contra actividades mineras vinculadas a los trabajadores cuya permanencia en el REINFO se encuentra cuestionada.
La controversia también incluye una denuncia relacionada con la extensión de las operaciones atribuidas a Compañía Minera Poderosa. Según Diario UNO, se cuestiona la existencia de un supuesto plan de minado que abarcaría más de 10.500 hectáreas, mientras que el instrumento de gestión ambiental mencionado en la publicación comprendería aproximadamente 3.500 hectáreas.
La controversia requiere respuestas de los principales actores institucionales. El Ministerio de Energía y Minas debe precisar la situación administrativa de los 189 registros y explicar si existen procedimientos de exclusión en trámite.
Compañía Minera Poderosa debe aclarar el alcance de las acciones judiciales promovidas, los fundamentos de sus solicitudes y su posición frente a los cuestionamientos sobre el supuesto plan de minado. El Poder Judicial debe permitir establecer qué decisiones se han emitido dentro del proceso y cuáles son sus efectos jurídicos.
