Empresa Prisontec admitió ante el Congreso que su sistema fue vulnerado por presos en distintos penales del país

El 25 de marzo de 2025, Augusto Fernández Márquez, gerente general de Prisontec S.A.C., compareció ante la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal del Congreso para informar sobre el Contrato Innominado de Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en Prisiones, suscrito con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Durante su exposición, Fernández reconoció que el sistema de bloqueo operado por Prisontec estaba siendo vulnerado desde el exterior de los penales. Según explicó, personas ajenas a los establecimientos habían instalado antenas de alta potencia que interrumpían la denominada “nube de bloqueo” y permitían conectarse con equipos ubicados dentro de las cárceles.

El gerente aseguró que el sistema bloqueaba aproximadamente el 95 % de las llamadas, pero admitió que desde 2019 se detectaban comunicaciones “tripartitas concurrentes”. Añadió que esos hechos habían sido denunciados y que la empresa comunicó los códigos identificados al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La declaración resulta relevante porque confirma que el sistema encargado de impedir las comunicaciones clandestinas no era completamente seguro y que Prisontec tenía conocimiento de las vulneraciones desde varios años antes de las investigaciones sobre el penal El Milagro.

Fernández Márquez también reveló que Prisontec contaba con una base de datos de más de mil millones de registros que permitía determinar quién había llamado, a qué número y en qué momento. De acuerdo con el acta parlamentaria, el gerente sostuvo que esa información podía ser utilizada para identificar vínculos entre internos y personas investigadas, reconstruir redes de contacto y detectar posibles “familias delincuenciales”. Sin embargo, afirmó que esos datos no habían sido aprovechados plenamente por el Estado.

“Prisontec sabe quién llama a quién”, quedó consignado en el acta de la sesión. El representante empresarial agregó que la Fiscalía había empezado a utilizar esa información recientemente y que la Policía acudía ocasionalmente cuando un fiscal solicitaba registros o comunicaciones en tiempo real.

La empresa también aseguró que podía proporcionar datos históricos, identificación del usuario, número de destino y duración de cada comunicación. Incluso sostuvo que las llamadas podían transcribirse, procesarse y analizarse mediante herramientas tecnológicas, siempre que existieran las autorizaciones judiciales correspondientes cuando se pretendiera acceder al contenido.

Estas declaraciones abren una interrogante central: si Prisontec registraba la identidad del interno, el destino y la duración de las llamadas, ¿por qué no se detectaron oportunamente los patrones relacionados con extorsiones, secuestros y coordinaciones criminales efectuadas desde establecimientos penitenciarios?

La comparecencia de Prisontec ocurrió más de un año antes de que el Informe Policial N.° 113-2026 identificara comunicaciones procedentes de teléfonos públicos del penal El Milagro de Trujillo y asociadas con internos investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

En aquel informe, la Policía cruzó las líneas sometidas a interceptación legal con los registros administrados mediante el sistema de Prisontec. El análisis permitió identificar números de cabecera correspondientes a los teléfonos públicos y códigos asociados a los internos que utilizaban cada servicio.

Por tanto, existen dos problemas relacionados, pero técnicamente diferentes. El primero es la vulneración del bloqueo de señal celular mediante antenas externas que conseguían conectarse con equipos clandestinos situados dentro de los penales. Este hecho fue reconocido por Prisontec ante el Congreso.

El segundo es el uso presuntamente criminal de los teléfonos públicos autorizados, conocidos como “azulitos”, que la propia empresa administraba y cuyos registros permitían individualizar al usuario. Esta modalidad aparece documentada en las investigaciones policiales posteriores sobre El Milagro.

Ambas situaciones muestran que el problema no se limitaba al ingreso clandestino de celulares. También involucraba las debilidades del sistema de bloqueo, la utilización indebida de equipos autorizados y la falta de aprovechamiento oportuno de una base de datos que podía revelar conexiones sospechosas.

La afirmación más delicada del gerente de Prisontec fue que la empresa había puesto a disposición del Estado herramientas de inteligencia artificial y una enorme cantidad de registros, pero que estas capacidades no habían sido utilizadas plenamente.

Según el acta, Prisontec podía entregar información histórica, descripción del usuario, número llamado y duración de las comunicaciones. La empresa propuso, además, establecer un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y el INPE para facilitar el acceso institucional a esos datos.

La declaración plantea responsabilidades que deben ser esclarecidas. Corresponde determinar desde cuándo el Ministerio de Justicia y el INPE conocían la existencia de esa base de datos, qué entidades tenían acceso a ella, cuántas solicitudes formularon la Policía y la Fiscalía y qué alertas emitió Prisontec ante comunicaciones reiteradas con números investigados.

También debe precisarse si la empresa estaba contractualmente obligada a producir alertas preventivas o si su responsabilidad se limitaba a conservar los registros y entregarlos cuando existiera un requerimiento fiscal o judicial.

La comparecencia también evidenció discrepancias entre Prisontec y el INPE. Después de la presentación empresarial, el entonces presidente del INPE, Javier Llaque Moya, cuestionó una afirmación atribuida a Prisontec según la cual el 70 % de las visitas que ingresaban a los penales tendría carácter delincuencial. Llaque señaló que no existía un informe técnico que sustentara ese porcentaje y pidió no sobredimensionar los resultados de los operativos.

Como ejemplo, indicó que, después del derribo de una antena que brindaba telefonía a internos de Ancón I, inicialmente se creyó que existían cientos o miles de llamadas irregulares, pero la investigación habría determinado que se trataba de un solo interno.

La observación del INPE obliga a separar las afirmaciones verificadas de las estimaciones empresariales. No obstante, el organismo penitenciario no negó que el sistema de bloqueo hubiera sido vulnerado ni que existieran comunicaciones ilícitas desde los establecimientos.

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