Ante los cambios producidos en el equipo especial de Cuellos Blancos, la Junta Nacional de Justicia decidió abrir una investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por las radicales modificaciones en la conformación del grupo que obedecerían -suponen- a la existencia de comunicaciones telefónicas comprendidas en el proceso.
Vale anotar que el caso data de 2018, cuando se difundieron una gran cantidad de audios sobre hechos de corrupción entre empresarios y personajes del Poder Judicial, entre ellos los que destaca Walter Ríos, el expresidente de la Corte Superior del Callao; y el ahora prófugo César Hinostroza, ex juez supremo.
Según el pronunciamiento emitido este miércoles la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la pesquisa es “un acto ilegal” y que formarían parte de los ataques contra su persona desde que empezó a investigar al poder político” y apuntó que ello implica “un amedrentamiento y obstrucción” a su función fiscal.
Benavides inició su pronunciamiento afirmando: “Acabo de tomar conocimiento que, en un acto ilegal y arbitrario, la Junta Nacional de Justicia, ha dispuesto abrir investigación preliminar en mi contra, por hechos presuntamente irregulares, como que los cambios en la conformación del equipo especial de cuellos blancos obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi persona”.
Calificó a la investigación de la JNJ de ser el inicio de un amedrentamiento por investigar el poder político: “Quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula, puesto que el equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino al contrario; ha sido reformado, tal es así que en solo 6 meses se ha concluido con la escucha de totalidad de los audios”.
En su réplica a la presunta arbitrariedad que apura la JNJ en su contra agregó: “Tampoco quiero pensar que esta decisión se debe al contexto en que se ha solicitado la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por actos de corrupción y que se investiga a altos funcionarios del actual gobierno por violación a los derechos humanos y corrupción”.
