Una operación de gran envergadura, encabezada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín, permitió la detención preliminar de 30 personas, entre presuntos integrantes de bandas criminales y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un duro golpe contra la corrupción y el tráfico ilícito de drogas dentro del sistema penitenciario peruano.
La madrugada del operativo, fiscales y agentes policiales allanaron el establecimiento penal de Huancayo, encontrando marihuana, clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilícitas escondidas en diversos ambientes de los dormitorios de los internos. La minuciosa labor de inteligencia permitió desentrañar las actividades de dos organizaciones delictivas que operaban desde las entrañas mismas de la cárcel: “La administración 2 del penal” y “Los proveedores”.
Entre los funcionarios y servidores del INPE detenidos se encuentran Andrés Eufracio Rojas, Edgar Anyosa, Roberto Cárdenas, Carlos Aliaga, Edgar Diego, Gastón Vera, Gian Franco Aguinaga, Carlos Camarena, Ronald Ramos y Emerson Cairampoma. Todos ellos son investigados por su presunta participación en un esquema de corrupción interna que consistía en permitir, a cambio de pagos, el ingreso, empaquetado, distribución y consumo de sustancias ilícitas dentro del penal.
La Fiscalía sostiene que los trabajadores del INPE cobraban aproximadamente 500 soles mensuales a cada interno involucrado en el tráfico de drogas, una práctica que habría institucionalizado un mercado ilegal y permitido la operación de redes criminales tras los muros de la prisión.
La operación no solo se limitó al interior del penal. También se ejecutaron allanamientos y descerrajes en 25 inmuebles ubicados en las regiones de Junín y Cusco, todos ellos vinculados a los imputados, lo que da cuenta de la amplitud de la red criminal desarticulada.
Por el lado de los internos, la orden de detención alcanzó a supuestos cabecillas y operadores como Iván Peinado, César Augusto Cárdenas, Roger Remisión Lizano, Pablo Martín Camarena y Augusto Roosvelt, sindicados como miembros de “La administración 2 del penal”. Mientras tanto, la organización “Los proveedores” tenía como presuntos integrantes a Nelson Romero, Vilma Rodríguez, Lucio Palacios, Julio Bede Aire, Yoselin Piñas, Charla Brenda Huincho, Yenymizhtral Zamora, Jonathan David Huatuco y Lizbeth Sedano.
Este escándalo destapa una problemática que durante años ha sido una sospecha persistente: la cooptación de instituciones penitenciarias por redes delictivas que encuentran en los penales un terreno fértil para continuar sus actividades ilegales, amparadas por la complicidad de malos funcionarios.
La magnitud del operativo evidencia, por otro lado, el esfuerzo del Ministerio Público y la Policía Nacional por hacer frente a la corrupción estructural en el sistema penitenciario. Sin embargo, también deja al descubierto la necesidad urgente de una reforma profunda que impida que los penales, lejos de ser centros de rehabilitación, se conviertan en verdaderos epicentros de crimen organizado.
Ahora, el país observa expectante los próximos pasos judiciales. La ciudadanía espera que este golpe no quede solo en detenciones preliminares, sino que derive en sentencias firmes, una depuración real del INPE y un mensaje claro de que la impunidad no tendrá cabida. El reto es monumental: reconstruir la credibilidad en las instituciones y asegurar que las cárceles dejen de ser oficinas clandestinas del delito.
