El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, envió un pedido formal a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que el Perú se retire del Pacto de San José de Costa Rica y que se implemente la pena de muerte para delitos como el secuestro, la extorsión, y violaciones, argumentando que el tratado internacional ha favorecido a los delincuentes, brindándoles protección excesiva y debilitando a las víctimas.
Mediante el Oficio N° 1101-2024MPP-ALC, ingresado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el pasado 11 de octubre, Mariños plantea una Reforma Constitucional para modificar el artículo 140 de la Constitución con el fin de ampliar los delitos que podrían ser castigados con la pena de muerte. También propone la reforma del artículo 28 del Código Penal para establecer esta pena como sanción máxima, junto con otras penas como la privación de libertad y multas.
Además, el alcalde propone que los reclusos en los centros penitenciarios trabajen para su propia manutención, con el objetivo de reducir el gasto estatal en el sistema penitenciario, y que esos recursos sean redirigidos a áreas como educación y salud.
Mariños señala que la pena de muerte actuaría como un fuerte disuasivo para los delincuentes reincidentes y plantea que el trabajo obligatorio en los penales podría contribuir significativamente a reducir los costos públicos.
Por último, el alcalde también solicitó la derogatoria de la Ley 32108, la cual, según él, obstaculiza la labor policial y del Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en general, destacando su preocupación por la creciente inseguridad ciudadana tanto en el país como en su provincia.
