En la provincia liberteña de Santiago de Chuco, una aparente cruzada popular para exigir la construcción de la carretera Shorey–Santiago, encabezada por el alcalde Víctor Luján Chero, estaría sirviendo en realidad como una estrategia política para desviar la atención pública de las graves denuncias que pesan sobre su gestión, entre ellas, un pedido de vacancia por nepotismo actualmente en trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Desde hace semanas, el burgomaestre ha emprendido una activa campaña con las rondas campesinas —particularmente con la facción que lidera Julio César Castañeda Benites— con el objetivo de movilizar a la población e incluso acudir hasta Lima para presionar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a fin de que se priorice la ansiada vía que uniría a la capital provincial con el sector minero de Shorey.
La narrativa oficial apela al abandono histórico del Estado, al olvido de la sierra liberteña y a la necesidad de garantizar la conectividad de una provincia clave para el desarrollo regional. Sin embargo, fuentes cercanas a las rondas y al propio entorno edil afirman que este discurso de lucha popular tiene un trasfondo más oscuro: servir como “cortina de humo” ante la inminente revisión del pedido de vacancia presentado en su contra.
Un pedido de vacancia pendiente
El 21 de enero de 2025, el ciudadano Paulino Yoel Vásquez Sánchez presentó una solicitud formal de vacancia contra Víctor Luján ante el JNE, alegando que el alcalde habría incurrido en nepotismo al contratar como gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental a Yuri Noemí Marquina Quispe, hija de su prima hermana, desde enero de 2023 hasta octubre de 2024.
Según la Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentra prohibido designar en cargos públicos a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, lo que haría inviable legalmente la contratación de Marquina Quispe.
El 27 de febrero, el JNE notificó al Concejo Municipal para que convocara a una sesión extraordinaria y se pronuncie sobre el pedido de vacancia, lo que constituye el primer paso del procedimiento. Sin embargo, hasta la fecha, dicha sesión no ha sido convocada ni reprogramada, lo que ha generado fuertes cuestionamientos y acusaciones de entorpecimiento del proceso.
Carta de protesta al JNE
Ante la inacción del concejo edil, Vásquez Sánchez envió una carta al JNE el pasado 5 de mayo para denunciar la dilación injustificada del trámite. En el documento, sostiene que la sesión prevista para el 30 de abril fue suspendida sin motivo ni fecha alternativa, lo que, en su opinión, constituye una forma de encubrimiento político.
El promotor del pedido exige que el JNE adopte medidas urgentes para garantizar el debido proceso, y recuerda que la omisión deliberada de funciones en estos casos podría acarrear responsabilidad administrativa o incluso penal para los regidores.
La doble cara del discurso popular
Mientras tanto, el alcalde Luján Chero continúa movilizando a las rondas campesinas y a diversos líderes comunales bajo la bandera de la lucha por la carretera. Ha convocado reuniones, marchas simbólicas y hasta una delegación para ir al MTC a “hacer escuchar la voz de Santiago de Chuco”. La estrategia ha sido efectiva en generar apoyo social y crear una atmósfera de lucha reivindicativa.
No obstante, la legitimidad de esta movilización se ve empañada por los serios indicios de instrumentalización política, según denuncian dirigentes sociales críticos. “No estamos en contra de la carretera, todos la queremos. Pero lo que no se puede permitir es que se use a las rondas y al pueblo como escudo para tapar la corrupción”, afirmó un comunero que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.
¿Qué puede pasar?
El JNE podría intervenir directamente si se confirma la omisión de funciones del concejo para tramitar la vacancia. De proceder, el alcalde Luján podría ser removido del cargo, abriendo un nuevo capítulo en la ya convulsionada política de la provincia.
Mientras tanto, la población de Santiago de Chuco vive dividida entre quienes apoyan al alcalde en su causa vial y quienes exigen transparencia, respeto a la ley y que se investigue a fondo las denuncias de corrupción. Lo cierto es que, en este conflicto, la verdadera ruta que se juega no es solo una carretera, sino el delicado camino de la legalidad y la democracia local.
