El candidato de Somos Perú al Gobierno Regional de La Libertad, Aldo Carlos Mariños, aseguró que, de ganar las elecciones, buscará que las grandes empresas mineras paguen S/ 300 millones que, según afirmó, adeudan a la región.
Mariños sostuvo además que una eventual gestión suya intensificará la fiscalización ambiental de la actividad minera y exigirá que las compañías operen bajo criterios de responsabilidad y sostenibilidad.
“Esos S/ 300 millones que deben, vamos a hacer que paguen. Vamos a exigirles que se alineen, que hagan empresa responsable, minería sostenible”, declaró.
El candidato no precisó en su pronunciamiento qué empresas mantendrían dicha deuda, cuál es el concepto de los S/ 300 millones ni qué entidad ha determinado oficialmente ese monto.
Advierte medidas contra mineras que contaminen
Mariños afirmó que otra de sus prioridades será impedir la contaminación de ríos y manantiales en las zonas donde se desarrolla actividad minera.
También sostuvo que buscará evitar la presencia de organizaciones criminales dentro de las áreas de explotación.
“Vamos a velar porque no contaminen nuestros ríos y manantiales, y que no lleven bandas criminales”, manifestó.
El candidato fue más allá y aseguró que estaría dispuesto a impulsar el cierre de operaciones que incumplan estas condiciones, comparando una eventual medida de este tipo con el cierre del centro comercial Real Plaza de Trujillo tras el colapso de su techo.
“No vamos a permitir que siga muriendo más gente dentro de sus socavones”, agregó.
Mariños asegura que fiscalizará desde el Gobierno Regional
El denominado “Caminante” señaló que desde el Gobierno Regional buscará utilizar las competencias de fiscalización ambiental correspondientes para supervisar la actividad minera.
“Qué bueno que con el apoyo de los liberteños llegaré al Gobierno Regional, donde sí voy a tener competencias para fiscalizar el tema ambiental y para fiscalizar la contaminación”, sostuvo.
Sin embargo, las competencias regionales en materia minera y ambiental no comprenden indistintamente a toda la actividad minera. La fiscalización de la gran y mediana minería involucra principalmente a entidades del Gobierno Nacional, mientras que los gobiernos regionales ejercen funciones especialmente respecto de la pequeña minería y minería artesanal. Por ello, una eventual clausura de una gran operación minera no dependería únicamente de una decisión del gobernador regional.
Rechaza vínculos con minería ilegal
Mariños también volvió a rechazar las acusaciones que intentan relacionarlo con la minería ilegal y aseguró no tener compromisos con grandes compañías mineras.
Además, responsabilizó políticamente a anteriores autoridades y representantes de haber permitido condiciones que, según su versión, facilitaron el desplazamiento de organizaciones criminales hacia las zonas mineras de la sierra liberteña.
“Yo quisiera llegar a la región La Libertad para exigir a estas empresas grandes que de una vez por todas saquen a las bandas criminales que están dentro de sus concesiones. Y eso lo vamos a hacer”, enfatizó.
Las declaraciones colocan nuevamente a la minería, la contaminación ambiental y la presencia del crimen organizado en zonas de extracción entre los temas centrales de la campaña por el Gobierno Regional de La Libertad.
