La construcción de la institución educativa Virgen del Carmen, en Alto Trujillo, se ha convertido en el centro de una nueva controversia política y social. Un proyecto valorizado en más de 40 millones de soles, que prometía mejorar las condiciones educativas de cientos de niños, permanece paralizado desde hace meses, generando preocupación e indignación entre los vecinos del sector.
El dirigente altotrujillano y abogado William Mendoza Santillán cuestionó duramente la gestión de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), encabezada por el alcalde Mario Reyna. Según sostuvo, la falta de avances en el proyecto refleja una gestión que no logra responder a necesidades urgentes. “La gestión pública se mide por resultados, no por discursos. Hoy vemos cómo un proyecto vital para nuestra niñez sigue detenido por inoperancia administrativa”, señaló.

De acuerdo con la información proporcionada, el proceso de selección para ejecutar la obra fue convocado el 24 de noviembre de 2025. Sin embargo, semanas después, el 11 de diciembre, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) emitió un informe advirtiendo graves deficiencias tanto en las bases de la licitación como en el expediente técnico. Entre las observaciones figuran inconsistencias en especificaciones técnicas, metrados, fórmulas polinómicas y la ausencia de documentación clave.
Lo más preocupante, según Mendoza, es que a más de cuatro meses de dichas advertencias, la gestión municipal no ha logrado corregir los errores ni retomar el proceso. “El informe fue claro: se debía subsanar las observaciones y avanzar. Han pasado meses y no hay respuestas. Esto retrasa el futuro de nuestros niños”, enfatizó.

El proyecto, identificado con el CUI N.° 2201849, contempla una inversión de S/ 40,088,167.39 y busca dotar de infraestructura adecuada a una población estudiantil que actualmente enfrenta limitaciones en espacios y condiciones de aprendizaje.
Ante esta situación, dirigentes y vecinos de Alto Trujillo han solicitado a la MPT la presentación inmediata de un cronograma claro que detalle los plazos para destrabar el proyecto. Entre los puntos exigidos figuran la subsanación de observaciones técnicas, la publicación de bases corregidas, el nuevo calendario para otorgar la buena pro y la fecha de firma del contrato.
“La educación no puede seguir siendo postergada por errores técnicos o falta de voluntad política. Alto Trujillo necesita respuestas concretas”, remarcó Mendoza, quien también emplazó directamente al alcalde a asumir responsabilidades y acelerar la ejecución de la obra.
El caso pone nuevamente en debate la eficiencia en la gestión de proyectos públicos en Trujillo, especialmente aquellos vinculados a servicios básicos como la educación, en zonas que históricamente han enfrentado brechas estructurales.

