El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, emitió un comunicado en el que rechaza el intento de un grupo de regidores de llevar a cabo una sesión extraordinaria que había sido postergada según la normativa vigente. El comunicado señala que este intento constituye un acto de incitación a la violencia y al desconocimiento de la institucionalidad y la autoridad municipal, personificada en el alcalde.
Indica que los regidores no tienen la responsabilidad ni el derecho de llevar adelante una sesión ya postergada, y se les recuerda que son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio de sus funciones y solidariamente por los acuerdos adoptados contra la ley.
Fernández sostien que desconocer que la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local es un acto grave, y la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Se advierte que ir en contra de esta normativa podría llevar a que los regidores sean denunciados penalmente por delitos tipificados con ribetes golpistas.
El comunicado concluye indicando que se tomarán las acciones necesarias en defensa de la institucionalidad municipal y hace un llamado a la población a defender su municipalidad ante lo que se percibe como un intento de golpe contra el estado de derecho.
