El exalcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, aseguró haber reunido los S/ 50 mil que debía pagar por concepto de reparación civil gracias a los aportes económicos que recibió de sus seguidores mediante transferencias realizadas a través de la aplicación Yape.
El anuncio fue realizado durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde agradeció públicamente a las personas que, según afirmó, contribuyeron para completar el monto exigido por el Poder Judicial como parte de la sentencia por difamación agravada que afronta.
Afirma que sus seguidores financiaron el pago
Durante la transmisión, Fernández sostuvo que ciudadanos del Perú e incluso del extranjero respondieron a su llamado de apoyo económico para ayudarlo a cumplir con la obligación judicial.
El exburgomaestre leyó en vivo los nombres de decenas de personas que habrían realizado transferencias y aseguró que la solidaridad de sus simpatizantes permitió completar el monto requerido.
«Han sido solidarios con sus yapes y he podido recaudar y completar el dinero», manifestó durante la emisión.
La reparación civil corresponde a la sentencia dictada en el proceso por difamación agravada promovido por el juez Víctor Burgos Mariños.
El cumplimiento de esta obligación adquirió especial relevancia debido a que la defensa del magistrado solicitó al Poder Judicial la revocatoria de la pena suspendida impuesta a Fernández por el presunto incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en la sentencia.
En una audiencia reciente, la defensa del exalcalde presentó un cheque bancario con el que buscó acreditar el pago de la reparación civil, situación que fue evaluada por el órgano jurisdiccional.
El proceso judicial mantiene interés público debido a las diversas incidencias registradas en los últimos días. Entre ellas, la difusión del pedido de apoyo económico realizado por Fernández a través de redes sociales y la información conocida sobre su salida del país con destino a Argentina.
Mientras tanto, la verificación del cumplimiento efectivo del pago y las actuaciones posteriores dentro del proceso judicial continúan bajo evaluación de las autoridades competentes.
El caso sigue siendo uno de los procesos judiciales con mayor repercusión política en la región La Libertad, debido a la exposición pública del exalcalde y a la expectativa sobre las decisiones que adopte el Poder Judicial respecto al cumplimiento de la sentencia.
